17/05/2024
09:30 AM

Al penal homicida de estadounidense

El Ministerio Público acusó a Ariel Saíd Velásquez del asesinato de Ronald Lee Kenerly

San Pedro Sula. Al presidio de Puerto Cortés fue remitido Ariel Saíd Velásquez Calderón (25), acusado del asesinato del empresario estadounidense Ronald Lee Kenerly (65).

Velásquez Calderón, quien confesó que recibió el pago de 10,000 lempiras por matar al empresario, compareció ayer a los Tribunales de Puerto Cortés en donde el juez que conoció la causa le dictó detención judicial.

El veterano de guerra Ronald Lee Kenerly fue ultimado a balazos el miércoles a eso de las 8:15 am cuando estacionaba su carro frente a su negocio de venta de repuestos en el barrio el Centro de Puerto Cortés.

Por este hecho, el Ministerio Público a través de la Fiscalía de Delitos contra la Vida presentó acusación contra Velásquez Calderón por el asesinato del extranjero que tenía 25 años de residir en el país.

Al supuesto asesino además se le presentó requerimiento por portación ilegal de armas. La próxima semana será la audiencia inicial en donde la Fiscalía pedirá el auto de formal procesamiento en su contra.

“El Ministerio Público presentó requerimiento fiscal contra la persona que dio muerte al empresario norteamericano, a él se le acusó de asesinato y portación ilegal de armas. Hasta el momento hay elementos que indican de su participación en este hecho criminal”, informó Elvis Guzmán portavoz regional del Ministerio Público. “Supuestamente es por un encargo, ya que al parecer este individuo se dedica al sicariato y en ese sentido todo apunta a que él fue el supuesto responsable de este hecho criminal”, expresó el vocero.

Las autoridades policiales capturaron al imputado ocho horas después de haber cometido el crimen contra el extranjero, quien era un hombre reconocido en el Puerto.

Los cuerpos encargados de esclarecer el crimen investigan si el asesinato del empresario se originó porque se negó a pagar extorsiones a pandilleros.

“La investigación se está ampliando y eso se va a determinar si ocurrió por impuesto de guerra, otra amenaza o encargo que pudieron hacerle a la víctima”, concluyó Guzmán.