Las investigaciones del Ministerio Público, MP, indican que al diputado liberal Mario Fernando Hernández lo habrían ultimado por problemas ligados a un cargamento de pseudoefedrina y haber utilizado el dinero del pago hecho por los narcotraficantes en su campaña política.
Según trascendió, el cargamento de pseudoefedrina procedente de Siria estaba valorado en siete millones de euros y la compañía Genéricos de Honduras, propiedad de Hernández, que se dedicaba a la comercialización de medicamentos, lo recibió en el país.
La información surgió luego de que agentes de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico, Dlcn, encontraran una narcopista en Naco, la cual estaría vinculada al cartel de Sinaloa en México. Según las pesquisas, el rancho era propiedad del diputado asesinado, quien utilizó como testaferro a su conductor Mario Cruz.
Las investigaciones también establecen que Cruz vendió la propiedad a un grupo de mexicanos.
La pista clandestina de 900 metros de largo por 25 de ancho se ubica en una hacienda en el sector de Naco, Santa Bárbara.
Según los agentes, ésta aún no había sido utilizada, pues estaba en su etapa de compactación.
La hacienda también tenía un helipuerto y un sofisticado sistema de seguridad por medio de cámaras con las cuales controlaban el acceso a la casa, pista de aterrizaje y al helipuerto.
Dentro de la casa principal, los mexicanos tenían ubicados tres monitores mediante los cuales observaban los movimientos tanto dentro de la propiedad de 186 manzanas como de la carretera que conduce hacia el occidente del país.
Según las autoridades de la Dlcn, en la hacienda se construiría la empresa Química Hondureña, de la cual Hernández era socio.
Agentes del Dlcn y del Ministerio Público indicaron que dentro de la casa se hallaron siete cápsulas de pseudoefedrina. Dijeron también que tres de los mexicanos que habitaban la vivienda principal eran conocidos como Carlos, Chuy y el Cuate.
Confiscación
Elvis Guzmán, portavoz del Ministerio Público, informó que la propiedad incautada pasará a ser administrada por la Oficina Administradora de Bienes Incautados, Oabi. “Se realizará una auditoría para conocer el valor del terreno. Se maneja que la inversión en la construcción de la pista es de cuatro millones de lempiras”, manifestó Guzmán.
Dijo que dentro de la propiedad había 129 cabezas de ganado vacuno, así como la construcción de un laboratorio donde se procesaría la droga conocida como éxtasis.
Marlon Medina, jefe de la unidad administrativa de la Oabi, dijo que aún no se conoce a quién realmente pertenece la propiedad incautada por la Dlcn. “Estamos esperando la notificación de la fiscal que lleva el caso, así como los efectivos de la Dlcn, para que nos entreguen la propiedad”, expresó. Se suponía que la narcopista sería destruida ayer, pero la ejecución no se llevó a cabo debido a que se tiene que seguir un proceso judicial.
