Tegucigalpa, Honduras.
A escasos 50 pasos del portón de acceso a la Corte Suprema de Justicia y a unos 60 del primer dispositivo de seguridad de la edificación más vigilada del país: la Casa Presidencial, sicarios acribillaron a tiros a un abogado.
La víctima es José Reynaldo Barahona Borjas (de 45 años).
El insólito suceso ocurrió ayer en horas de la mañana, sin que ninguna de las autoridades destacadas en la custodiada zona pudiera hacer algo para detener a los atacantes.
El portavoz de la Policía Nacional, Edgardo Barahona, dijo que el crimen fue cometido por al menos dos personas que vestían uniformes policiales y se cubrían con pasamontañas, y que la primera línea de investigaciòn apunta a que son pandilleros.
Ráfagas de disparos
Eran las 9:25 am. Tras realizar unas diligencias en el Palacio de Justicia, relacionadas con su trabajo, el profesional del Derecho en la rama penal buscó un lugar adonde desayunar.
Lo acompañaban varios de sus colegas con quienes llevaba casos legales de manera conjunta. Sin embargo, minutos antes se separaron porque él buscaría algo de comer.
Frente a la Corte Suprema de Justicia hay varios locales de venta de golosinas y comida.
Para no alejarse tanto de dicha oficina estatal, el abogado Barahona Borjas prefirió comer lo más cerca posible y se quedó en una de las sillas de plástico afuera de uno de los pequeños negocios.
No tenía ni 10 minutos de haber llegado a ese lugar cuando sujetos armados con fusiles de asalto irrumpieron en la venta de comidas disparando a mansalva contra José Barahona.
Quienes estaban próximos al lugar del tiroteo relataron que parecía una “zona de guerra”. El estruendoso sonido provocado por las detonaciones de los fusiles causó alarma y muchos corrieron para refugiarse y así evitar ser heridos.
Escape
Los gatilleros dispararon de frente y a la cabeza de José Reynaldo, quien cayó al suelo ya casi muerto, pero no les bastó y siguieron disparándole por la espalda, hasta asegurarse de que quedaba muerto.
Según testigos, los victimarios salieron en veloz carrera, bajaron una pequeña pendiente y cruzaron la calle para subirse en una camioneta color champán, marca Honda CRV.
A pesar de que el crimen sucedió en las proximidades de la Corte Suprema de Justicia y de la Casa Presidencial, ningún agente de seguridad de la zona se movió a ver qué era lo que ocurría. Testigos indican que los delincuentes huyeron del lugar sin que ninguna autoridad hiciera algo para poder detenerlos.
El carro tomó el retorno hacia el bulevar Fuerzas Armadas y después se perdió de vista entre los demás vehículos.
Precisamente frente al cerco de vigilancia de la Presidencial se desarrollaba una protesta pacífica de policías misquitos depurados, por tal motivo el lugar estaba bajo fuerte resguardo militar; pero esto no detuvo a los sicarios.
Horas después, el automotor fue encontrado estacionado en la colonia Calpules, en el sur de la capital, uno de los sectores dominado por las pandillas. El carro tenía un orificio de bala en la parte trasera, debido a un disparo que hizo un testigo del crimen.
Autoridades creen que las cámaras que están cerca de la zona del crimen pueden ayudar a capturar a los autores del asesinato.
Amenazado
Compañeros, amigos y familiares llegaron rápidamente al lugar y reconocieron el cadáver del abogado Barahona.
“Él recibía amenazas de muerte, pero esa era su profesión, era el sustento de su familia, pero recuerde que ellos defienden a todo tipo de personas, incluso criminales. Eso no justifica que lo hayan asesinado”, expresó un hermano del occiso.
Tiempo atrás, el abogado José Barahona había pedido protección al Estado porque creía que su vida corría peligro. Esta solicitud la hizo junto con tres profesionales del derecho, quienes fueron en primera instancia al Comisionado de Derechos Humanos (Conadeh). De ahí fueron remitidos al Sistema de Protección para Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, entre los que incluyen a los abogados; pero esta petición fue desestimada en febrero de 2017.
“La protección nunca se la brindaron y lastimosamente hoy lo acribillaron”, lamentó el hermano, de quien se omite su identidad por seguridad.
Indignación
La presidenta del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Anny Ochoa, argumentó que “en cuanto a si el abogado Barahona hubiese presentado alguna solicitud de protección por amenazas, en lo que va de nuestra gestión no lo había realizado el CAH”, aseguró.
La también inspectora de Tribunales, Anny Ochoa, dijo que de los 24,000 abogados que están inscritos en el CAH, ni siquiera 10 tienen el auxilio del Sistema de Protección.
Ya lo habían atacado
El abogado José Reynaldo Barahona resultó herido en otro atentado la noche del 20 de noviembre del año 2013. En esa ocasión murieron Víctor Rivera Carías, quien también era abogado, y el propietario de las canchas de fútbol rápido donde ocurrió aquel hecho, Gerardo Arguijo Romero.
En los últimos 22 meses, el profesional denunció amenazas de muerte, mismas que se las hacían por vía telefónica.
Dos letrados más que eran amigos cercanos del ahora occiso también dijeron y denunciaron sentirse amenazados por la labor que desempeñaban en los tribunales de justicia. Barahona Borjas era un profesional de Derecho dedicado esencialmente a la rama penal y tenía alrededor de 20 años de litigar en la parte privada. En sus inicios vivió con sus padres en el barrio Los Dolores, pero ahora residía en la colonia El Pedregal. Era padre de cuatro hijos.
Roberto Cáceres, titular del Conadeh, dijo que: “Es urgente que las autoridades hondureñas establezcan mecanismos de seguridad que permitan salvaguardar la integridad física y la vida de los profesionales del derecho y sus familiares”.
Según Conadeh, unos 153 abogados han sido asesinados de 2002 a la fecha, y el 90% de esos crímenes están impunes.
A escasos 50 pasos del portón de acceso a la Corte Suprema de Justicia y a unos 60 del primer dispositivo de seguridad de la edificación más vigilada del país: la Casa Presidencial, sicarios acribillaron a tiros a un abogado.
La víctima es José Reynaldo Barahona Borjas (de 45 años).
El insólito suceso ocurrió ayer en horas de la mañana, sin que ninguna de las autoridades destacadas en la custodiada zona pudiera hacer algo para detener a los atacantes.
El portavoz de la Policía Nacional, Edgardo Barahona, dijo que el crimen fue cometido por al menos dos personas que vestían uniformes policiales y se cubrían con pasamontañas, y que la primera línea de investigaciòn apunta a que son pandilleros.
| El crimen ocurrió a pocos metros de la Corte Suprema de Justicia.
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Eran las 9:25 am. Tras realizar unas diligencias en el Palacio de Justicia, relacionadas con su trabajo, el profesional del Derecho en la rama penal buscó un lugar adonde desayunar.
Lo acompañaban varios de sus colegas con quienes llevaba casos legales de manera conjunta. Sin embargo, minutos antes se separaron porque él buscaría algo de comer.
Frente a la Corte Suprema de Justicia hay varios locales de venta de golosinas y comida.
Para no alejarse tanto de dicha oficina estatal, el abogado Barahona Borjas prefirió comer lo más cerca posible y se quedó en una de las sillas de plástico afuera de uno de los pequeños negocios.
No tenía ni 10 minutos de haber llegado a ese lugar cuando sujetos armados con fusiles de asalto irrumpieron en la venta de comidas disparando a mansalva contra José Barahona.
Quienes estaban próximos al lugar del tiroteo relataron que parecía una “zona de guerra”. El estruendoso sonido provocado por las detonaciones de los fusiles causó alarma y muchos corrieron para refugiarse y así evitar ser heridos.
| En Calpules encontraron un carro, el cual las autoridades sospechan que era en el que se transportaban los sicarios que ultimaron al abogado ayer.
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Los gatilleros dispararon de frente y a la cabeza de José Reynaldo, quien cayó al suelo ya casi muerto, pero no les bastó y siguieron disparándole por la espalda, hasta asegurarse de que quedaba muerto.
Según testigos, los victimarios salieron en veloz carrera, bajaron una pequeña pendiente y cruzaron la calle para subirse en una camioneta color champán, marca Honda CRV.
A pesar de que el crimen sucedió en las proximidades de la Corte Suprema de Justicia y de la Casa Presidencial, ningún agente de seguridad de la zona se movió a ver qué era lo que ocurría. Testigos indican que los delincuentes huyeron del lugar sin que ninguna autoridad hiciera algo para poder detenerlos.
El carro tomó el retorno hacia el bulevar Fuerzas Armadas y después se perdió de vista entre los demás vehículos.
Precisamente frente al cerco de vigilancia de la Presidencial se desarrollaba una protesta pacífica de policías misquitos depurados, por tal motivo el lugar estaba bajo fuerte resguardo militar; pero esto no detuvo a los sicarios.
Horas después, el automotor fue encontrado estacionado en la colonia Calpules, en el sur de la capital, uno de los sectores dominado por las pandillas. El carro tenía un orificio de bala en la parte trasera, debido a un disparo que hizo un testigo del crimen.
Autoridades creen que las cámaras que están cerca de la zona del crimen pueden ayudar a capturar a los autores del asesinato.
 Familiares tuvieron que ser sostenidos por las autoridades, ya que estaban muy consternados al saber de la muerte del abogado Barahona.
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Compañeros, amigos y familiares llegaron rápidamente al lugar y reconocieron el cadáver del abogado Barahona.
“Él recibía amenazas de muerte, pero esa era su profesión, era el sustento de su familia, pero recuerde que ellos defienden a todo tipo de personas, incluso criminales. Eso no justifica que lo hayan asesinado”, expresó un hermano del occiso.
Tiempo atrás, el abogado José Barahona había pedido protección al Estado porque creía que su vida corría peligro. Esta solicitud la hizo junto con tres profesionales del derecho, quienes fueron en primera instancia al Comisionado de Derechos Humanos (Conadeh). De ahí fueron remitidos al Sistema de Protección para Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, entre los que incluyen a los abogados; pero esta petición fue desestimada en febrero de 2017.
“La protección nunca se la brindaron y lastimosamente hoy lo acribillaron”, lamentó el hermano, de quien se omite su identidad por seguridad.
Indignación
La presidenta del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Anny Ochoa, argumentó que “en cuanto a si el abogado Barahona hubiese presentado alguna solicitud de protección por amenazas, en lo que va de nuestra gestión no lo había realizado el CAH”, aseguró.
La también inspectora de Tribunales, Anny Ochoa, dijo que de los 24,000 abogados que están inscritos en el CAH, ni siquiera 10 tienen el auxilio del Sistema de Protección.
Ya lo habían atacado
El abogado José Reynaldo Barahona resultó herido en otro atentado la noche del 20 de noviembre del año 2013. En esa ocasión murieron Víctor Rivera Carías, quien también era abogado, y el propietario de las canchas de fútbol rápido donde ocurrió aquel hecho, Gerardo Arguijo Romero.
En los últimos 22 meses, el profesional denunció amenazas de muerte, mismas que se las hacían por vía telefónica.
Dos letrados más que eran amigos cercanos del ahora occiso también dijeron y denunciaron sentirse amenazados por la labor que desempeñaban en los tribunales de justicia. Barahona Borjas era un profesional de Derecho dedicado esencialmente a la rama penal y tenía alrededor de 20 años de litigar en la parte privada. En sus inicios vivió con sus padres en el barrio Los Dolores, pero ahora residía en la colonia El Pedregal. Era padre de cuatro hijos.
Roberto Cáceres, titular del Conadeh, dijo que: “Es urgente que las autoridades hondureñas establezcan mecanismos de seguridad que permitan salvaguardar la integridad física y la vida de los profesionales del derecho y sus familiares”.
Según Conadeh, unos 153 abogados han sido asesinados de 2002 a la fecha, y el 90% de esos crímenes están impunes.
