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Más de 300 detenidos deja la operación Dragón XI

  • 09 noviembre 2018 /

    San Pedro Sula, Honduras

    Un contrato por 85 millones de lempiras que habría firmado el exdirector del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) Mario Zelaya con el hospital Cemesa, de San Pedro Sula, es una de las investigaciones que realiza el Ministerio Público en la operación Dragón XI ejecutada ayer.

    Además
    Asignación irregular de fichas y folios de bienes inmuebles en Tegucigalpa investigan en el IP.

    La Unidad de Apoyo Fiscal inició la operación inspeccionando áreas de la clínica sampedrana y departamentos de la regional del Seguro Social en busca de documentos del millonario contrato.

    Elvis Guzmán, portavoz del Ministerio Público, informó que se investigan posibles actos de corrupción derivados de un contrato que dio el exdirector Mario Zelaya a la clínica que prestaría atención médica de cardiología.

    Manifestó que en el Seguro Social de San Pedro Sula había un aparato de cardiología que estaba funcionando y según denuncias “manos criminales le provocaron daños dejándolo inservible”.

    Agregó que debido al mal estado del aparato, las autoridades del IHSS decidieron firmar el contrato por 85 millones de lempiras para que en la clínica privada atendieron a los derechohabientes.

    251 detenciones por diferentes delitos hizo la Fiscalía a nivel nacional.

    La investigación comenzó hace unos meses, y ahora la Fiscalía está recabando las pruebas del caso para determinar si presenta acusación en caso de haber responsables.

    En una nota de prensa, el Hospital Cemesa afirma que es uno de los centros médicos que prestan servicio al IHSS desde hace muchos años firmando contratos; pero “dejamos constancia que en ningún momento Hospital Cemesa ha suscrito con el IHSS contrato o contratos por la suma de 85 millones de lempiras, ni durante la administración del doctor Mario Zelaya ni en otras administraciones”.

    Operativos. Otras de las acciones por supuestos actos de corrupción se dio en el hospital Mario Rivas, adonde decomisaron documentos relacionados con la compra de oxígeno para los pacientes.

    También en el hospital de El Progreso hicieron diligencias por supuestas irregularidades en la sustracción de medicamentos a través de recetas médicas.

    El rector de la Unah, Francisco Herrera, tuvo que dar una declaración ante los fiscales del MP en torno al aumento de salario que se recetó la junta directiva del Hospital Escuela a inicios de este año.

    La operación Dragón XI que tuvo acciones a nivel nacional también se encaminó a tomar declaraciones por investigaciones de corrupción en el Registro Nacional de las Personas, Secretarías de Educación y Salud y el Programa de Asignación Familiar (Praf).

    En el Praf es por denuncias de contratos fraccionados a varias sociedades mercantiles y organizaciones no gubernamentales.

    Este operativo dejó capturadas a por lo menos 345 personas para que respondan por supuestos delitos ligados a la criminalidad organizada y la corrupción.

    Investigan pago de prestaciones a exempleados ceibeños

    Por el pago de 100 millones de lempiras que hizo la Municipalidad ceibeña a 207 exempleados, la Fiscalía Especial de Combate a la Corrupción Pública secuestró documentación.

    La investigación está dirigida a los exprocuradores de la administración 2014-2018 por abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y negociaciones incompatibles con el ejercicio de sus funciones.

    Para la Fiscalía se hicieron pagos conciliatorios que ascienden a los 100 millones de lempiras como parte de prestaciones y salarios caídos. La investigación indica que los pagos a los extrabajadores fueron hechos unos dos meses antes de que finalizara el período administrativo. Para realizar los análisis correspondientes, los agentes y fiscales llegaron desde horas de la mañana a la Municipalidad de La Ceiba para recabar información en varios departamentos en los que se hicieron los trámites de los extrabajadores municipales. Como parte del proceso también serán llamados a declarar funcionarios municipales que participaron en los procesos y de igual manera decomisarán los documentos con los que acreditaron los pagos.

    La investigación se inició hace algunos meses luego de las denuncias.