San Pedro Sula, Honduras.
Seis nuevas propiedades fueron aseguradas ayer a socios del cartel Valle Valle en Copán, Santa Bárbara, Cortés y Yoro, adonde la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi) tomó posesión de casas, haciendas, ganado y empresas mercantiles.
La operación denominada Centurión II es el seguimiento de un operativo ejecutado en agosto de 2016 por la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico en la que fueron aseguradas propiedades investigadas por lavado de activos.
Los bienes asegurados son propiedad de Bernabé Escalante, Luis Escalante Landaverde, Mauricio Castillo Sanabria y otros miembros de una organización dedicada al tráfico ilícito de drogas, según el Ministerio Público.
La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado relaciona a los dueños de los bienes con los hermanos Valle Valle y Héctor Emilio Fernández Rosa, quienes fueron extraditados a Estados Unidos donde guardan prisión.
Mauricio Castillo Sanabria comenzó sus nexos con miembros de los Valle Valle desde 2001 en la zona occidental de Honduras en acciones relacionadas con el tráfico de drogas, según la Fiscalía. Bernabé Escalante Andrade es sindicado como socio de Héctor Emilio Fernández, alias Don H.
Dos operaciones
En la primera etapa de la operación el año pasado fueron allanadas y aseguradas propiedades en Nueva Arcadia y Nueva Frontera en Copán, así como en El Negrito y El Progreso, en Yoro, Santa Bárbara y San Pedro Sula. Las 38 propiedades, entre casas, empresas mercantiles y haciendas, pasaron ayer a manos de la Oabi que se encargará de la custodia y mantenimiento de los bienes.
Entre estos hay lujosas residencias en zonas como residencial El Pedregal de San Pedro Sula, beneficios de café en La Entrada, Copán, así como un motel en Morazán, Yoro.
En la operación han sido incautadas casas que están a nombre de Elvia Marina Escalante, quien estuvo casada con Don H.
Seis nuevas propiedades fueron aseguradas ayer a socios del cartel Valle Valle en Copán, Santa Bárbara, Cortés y Yoro, adonde la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi) tomó posesión de casas, haciendas, ganado y empresas mercantiles.
La operación denominada Centurión II es el seguimiento de un operativo ejecutado en agosto de 2016 por la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico en la que fueron aseguradas propiedades investigadas por lavado de activos.
Los bienes asegurados son propiedad de Bernabé Escalante, Luis Escalante Landaverde, Mauricio Castillo Sanabria y otros miembros de una organización dedicada al tráfico ilícito de drogas, según el Ministerio Público.
La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado relaciona a los dueños de los bienes con los hermanos Valle Valle y Héctor Emilio Fernández Rosa, quienes fueron extraditados a Estados Unidos donde guardan prisión.
Mauricio Castillo Sanabria comenzó sus nexos con miembros de los Valle Valle desde 2001 en la zona occidental de Honduras en acciones relacionadas con el tráfico de drogas, según la Fiscalía. Bernabé Escalante Andrade es sindicado como socio de Héctor Emilio Fernández, alias Don H.
| Personal de la Oabi tomó posesión de otros bienes que ya habían sido asegurados en agosto de 2016.
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En la primera etapa de la operación el año pasado fueron allanadas y aseguradas propiedades en Nueva Arcadia y Nueva Frontera en Copán, así como en El Negrito y El Progreso, en Yoro, Santa Bárbara y San Pedro Sula. Las 38 propiedades, entre casas, empresas mercantiles y haciendas, pasaron ayer a manos de la Oabi que se encargará de la custodia y mantenimiento de los bienes.
Entre estos hay lujosas residencias en zonas como residencial El Pedregal de San Pedro Sula, beneficios de café en La Entrada, Copán, así como un motel en Morazán, Yoro.
En la operación han sido incautadas casas que están a nombre de Elvia Marina Escalante, quien estuvo casada con Don H.
Luego Elvia Marina, hija de Bernabé Escalante, se casó con Mauricio Castillo Sanabria. Hasta ahora, el Ministerio Público tiene un proceso por las propiedades en el Juzgado de Privación de Dominio, adonde sus dueños podrán aportar pruebas de que adquirieron de forma lícita los bienes que las autoridades les han incautado.
El Ministerio Público en un comunicado advirtió a los ciudadanos a no colaborar con dichas organizaciones prestando su nombre en actos y contratos de carácter civil o mercantil que se refieran a la adquisición, transferencia o administración de bienes de dudosa procedencia, pues la acción puede constituirse en un delito.
