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Condenan a 5 años de prisión a diputado por caso de Ciudad del Ángel

  • 11 octubre 2016 /

La pena del parlamentario Nelson Abdalah, de José Boris y Darío Mejía es conmutable.

Tegucigalpa, Honduras.

El Tribunal de Setencia condenó en la tarde de este lunes al diputado Nelson Abdalah Gawi a cinco años de reclusión por el delito de abuso de autoridad en el caso Ciudad del Ángel, ubicada en Tegucigalpa en la zona central de Honduras.

Por este mismo caso también recibieron sentencia el diputado suplente José Valery Boris Ponce y Darío Alberto Mejía, exdirector de la Dirección de Evaluación y Control Ambiental (Deca) a una pena de 3 años y 6 meses. Ellos son señalados por el delito de violación a los deberes de los funcionarios.

Sin embargo, la pena de las tres personas supuestamente involucradas en este caso son conmutables. En el caso del diputado deberá pagar 18 mil lempiras para evitar la cárcel. Los apoderados legales sometarán la sentencia al recurso de casación dentro de los 20 días que establce la ley.

'Se ha condenado una persona inocente, voy a seguir luchando, diciendo quienes son los que emitieron los permisos. Yo llegué cuando ya estaban emitidos los permisos, son los guatemaltecos que se robaron los 300 a 400 millones, solo me señalan a mi, pero esto me va a fortalecer', dijo el diputado.

Abdalá comentó que este tema se ha convertido en mediático. 'Voy a seguir luchando para demostrar quienes son los verdaderos culpables, la pregunta es quién le va a pagar a los afectados. Las verdaderas personas que otorgaron los permiso se han de estar riendo de nosotros, que llegamos al proyecto cuando ya todo estaba autorizado. Nosotros solo dimos nuestra opinión ambiental', dijo.

Yenni Sierra, apoderada legal del parlamentario, dijo: 'Acreditamos que no ha cometido ningún abuso de autoridad, él no fue la persona que autorizó alguna licencia ambiental'.

Un estudio realizado en diciembre de 2013 en Ciudad del Ángel establece que en el sector hay un 'alto riesgo ante deslizamientos para polígonos limitados', lo que impediría que el lugar siga siendo usado para la construcción o rehabilitación de viviendas.