La implantación de pruebas y torturas a ciudadanos capturados por agentes del Estado dejan aplazado a Honduras ante la Organización Mundial contra la Tortura.
Ayer, en la Capital Industrial se desarrolló el examen periódico de Honduras ante el Comité contra la Tortura, en el cual se exteriorizó la incapacidad de poder garantizar el respeto a los derechos humanos en varios casos documentados desde que se implementó el estado de excepción en el país, que entró en vigencia el 6 de diciembre de 2022.
En el examen, el Estado presenta un informe en torno al mandato de la convención, las instituciones de la ONU presentan un informe de su percepción de la situación y como tercer punto las organizaciones civiles, como el Centro de Prevención contra la Tortura, presentan su informe alternativo sobre los casos de tortura recibidos.
Carlos Guillermo Paz, director ejecutivo de Caritas Honduras, dijo que en el país las denuncias más frecuentes recibidas ante esta institución defensora de derechos humanos tienen que ver con el incumplimiento de los estándares internacionales para el respeto de los derechos en las primeras horas de detención de una persona. “Aquí se ha naturalizado a la Policía el uso indebido de la fuerza. Hemos encontrado casos donde se implanta prueba para generar una acusación a una persona porque no hay una debida investigación”, comentó.
Agregó que también está presente la amenaza, en la que se recurre a la intimidación verbal como “si denuncias ya sabemos dónde vivís, sabemos dónde está tu familia”, y por eso la gente opta por callar ante represalias; o sea, la cifras de casos son mayores.
Una situación que sucede en los barrios de San Pedro Sula, como Chamelecón y Rivera Hernández, es “el asedio militar”, y prácticamente se criminaliza a una persona por ser de allí. Olga Guzmán, encargada para América Latina de la Organización Mundial contra la Tortura, dijo que Honduras, y otros países de la región, tienen una tendencia sobre el uso de la tortura, incluso en algunos casos sistemática, para castigar, intimidar y obtener confesiones para ciertos procesos penales.
La directiva dijo que el estado de excepción preocupa al no usarse de forma temporal, como dice el derecho internacional, ya que se ha identificado que se cometen violaciones a derechos humanos, como detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y ejecuciones. Agregó que el régimen penitenciario tiene una situación complicada porque los privados de libertad están siendo torturados sistemáticamente como castigo, y el reflejo son todas las muertes que han ocurrido en custodia del Estado.
Ejemplificó que casos como el del prestamista al que siete policías robaron 13 millones se dan en un régimen de excepción, ya que es como dar un cheque en blanco a las fuerzas de seguridad castrense.
