Cansados de la impunidad en el país, pero preocupados por la inseguridad, varios abogados independientes de la zona norte manifestaron ayer su malestar.
Al tiempo en que exigieron al Gobierno la rápida reacción en el combate contra la violencia también informaron que actualmente hay siete abogados amenazados de muerte.
En el pronunciamiento expuesto por los letrados critican severamente al presidente Porfirio Lobo Sosa, al del Poder Judicial Jorge Rivera Avilés y al del Legislativo Juan Orlando Hernández, por no asistir a los entierros del fiscal Orlan Chávez y de la jueza Mireya Mendoza, quienes para los abogados independientes esas personas se han convertido en mártires de la defensa de la sociedad y de la aplicación de la justicia en Honduras.
La abogada Maribel Espinoza exigió a las autoridades centrales que elaboren un plan de seguridad nacional.
“Nuestro reclamo es que los operadores de justicia en materia penal están en peligro, y lo que está sucediendo en el país es una situación muy crítica, muy seria y debe ser atendida muy seriamente y no como se está haciendo, con política”, exclamó.
Espinoza agregó que hay jueces honestos que están en peligro “y no se les está dando la colaboración y el apoyo urgente que necesitan”.
El llamado va dirigido también al presidente de la Corte Suprema de Justicia: “Por que él es el primer líder de ese poder del Estado y tiene que apoyar a todos los jueces en peligro”.
No hay un plan de seguridad
Para los letrados, el Gobierno ha dejado de lado un verdadero plan de seguridad nacional, pues según ellos la criminalidad está desafiando a todo el sistema de justicia.
Espinoza aseguró que una medida que pretenden implementar para los jueces que lleven casos de narcotraficantes es que residirán en el extranjero.
“Pero esa es una medida que ni siquiera nos la han explicado, no sabemos qué va a pasar con las familias de estos jueces, si las van a trasladar al extranjero. Lo que vemos es que son medidas desesperadas porque no existe un plan y debe haber uno que se debe ejecutar inmediatamente coordinado conjuntamente entre todos los Poderes”, aseveró Espinoza.
Ramón Zúniga, otro representante de los abogados independientes, señaló que el problema no solo es por su gremio, sino por todos los ciudadanos que están expuestos a ser víctimas de cualquier acto delictivo en todo el país.
“Todos los ciudadanos están en peligro, pero en el caso particular de los operadores de justicia, por la naturaleza de sus funciones, ellos requieren una protección especial y que hoy, ante la delincuencia que prevalece no se ve ningún plan definitivo y concreto que reserve en la seguridad física de ellos y de sus familiares”, lamentó.
Mencionó que hay indiferencia del mismo Poder Judicial y del Colegio de Abogados de Honduras en el aspecto de protección personal de sus agremiados.
Empresarios solidarios
Luis Larach, expresidente de la Cámara de Comercio, expresó su solidaridad con los abogados, jueces y fiscales.
“Tenemos que apoyarlos porque es un problema que estamos viendo con la cantidad de jueces y fiscales que han muerto por cumplir con su deber y ahora por temor podrían dejar de ejercer su profesión por su seguridad y la de su familia”.
Larach sugirió que los mecanismos de seguridad se deben modificar como lo han hecho otros países para contrarrestar el flagelo.
