El sector empresarial y autoridades municipales están vigilantes a fin de que se asignen los fondos de la tasa de seguridad para financiar el Plan Local de Convivencia y Seguridad Ciudadana, diseñado con apoyo de Estados Unidos para combatir la violencia en la ciudad.
Además se está a la espera que el aún ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla, certifique ese proyecto para poder solicitar apoyo, no solo al Gobierno sino también a fuentes externas.
Hay preocupación ante las declaraciones de Juan Ferrera, miembro del Comité Técnico de la Tasa de Seguridad, quien dijo que hay solicitudes de desembolso superiores al monto que se encuentra disponible en el Banco Central de Honduras que rondan los 700 millones de lempiras y que, el año pasado se desembolsaron más de 500 millones de lempiras a la Policía y los operadores de justicia.
A San Pedro Sula se le había ofrecido la asignación de 60 millones de lempiras, esos fondos serán manejados a través de un fideicomiso integrado por dos representantes de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (Ccic), dos de la Alcaldía y dos de las iglesias y sociedad civil. La ejecución del plan en sí requiere una inversión de 50 millones de dólares.
En alerta
El regidor y miembro del Comité de Fideicomiso de Seguridad, Reinaldo Ruglas, informó que se enviaron los documentos de puntos de actas del proceso que se siguió para la aprobación final del plan. Dijo que para poder reclamar los fondos de la tasa de seguridad se requiere la certificación.
“Cuando ya esté certificado acudiremos a la Secretaría de Seguridad a pedir los fondos, si nos dicen que no tienen, tendrán que dar explicaciones necesarias”.
El empresario y miembro del comité de seguridad, Ernesto Lázarus, dijo que por ley se le debería estar asignando a San Pedro Sula lo que le corresponde. “Al quitarnos el fondo de la tasa de seguridad nos quitaron ese beneficio de 70 millones de lempiras, y al no reintegrarlo nos dejan sin ‘Beatriz y sin el retrato’, como dice el dicho. En realidad obviamente no tener acceso a los fondos de la tasa para nosotros es un problema. Van a tener que dárnoslo”.
Expresó que no es desde el Gobierno Central o desde la capital que se deben destinar a qué invertir los recursos.
“Es en San Pedro Sula donde está la situación más grave. Si en Tegucigalpa se van a tomar las decisiones no confiemos en que el programa va a funcionar, nosotros creemos que las soluciones radican en que nosotros como sampedranos podamos atender nuestras propias necesidades”.
Agregó que es “increíble como el Gobierno sabiendo que San Pedro Sula es la ciudad más violenta del país donde las fuerzas vivas en conjunto con la alcaldía se han unido para formar un plan de seguridad profesional financiado por
la Agencia de Desarrollo de los Estados Unidos, (Usaid) y el Programa de las Naciones Unidas (Pnud) esté abandonando a la ciudad a su propia suerte”.
El empresario reclamó para que se apruebe el plan sin “dilatoria” esta semana tal como se ofreció y que pongan a disposición de la ciudad lo que legalmente le corresponde de acuerdo a la Ley de Seguridad Poblacional.
Víctor Tarrab, director ejecutivo de la Ccic, también dijo que las autoridades de Seguridad prometieron que esta semana se ratificaría su aprobación. “Sin embargo, teniendo el plan aprobado y sin fondos será difícil como Cámara y Municipalidad ejecutarlo”.
Expresó que como cámara quisieran saber exactamente en qué se han gastado los fondos. “Quién tuvo acceso a los fondos y en qué se invirtieron. Estamos viendo que la criminalidad no se ha reducido para nada, cada día San Pedro Sula es más peligrosa. Se nos habían dicho que serían 60 millones de lempiras”.
Tarrab dijo que de no disponerse de esos fondos se tendrán que buscar apoyo de organismos internacionales.
“Pero estamos tratando de hablar con el Gobierno para ver si pueden agilizar la entrega de los fondos”, dijo el representante de la Ccic.
Antecedentes
El presidente Porfirio Lobo y miembros del Consejo de Seguridad Nacional conocieron en la segunda semana de este mes el Plan Local de Convivencia y Seguridad Ciudadana y ofrecieron apoyarlo.
Solo quedó pendiente la ratificación del mismo para que se pueda tener acceso de una vez a los fondos de la tasa de seguridad. El plan comprende una serie de programas sociales que van enfocados en la prevención de la violencia en las zonas identificadas de mayor incidencia delictiva. Se incluyó además la construcción del centro penal destinando cuatro millones de dólares.
