San Pedro Sula requiere de un alto grado de planificación: de espacios, territorial y vial, si se desea preservar su rápido crecimiento y expansión de manera ordenada para bien de sus habitantes y su calidad de vida. Las calles y avenidas del centro, sobre todo la segunda calle, desde la primera a la tercera avenida, han sido ocupadas ilegalmente por vendedores ambulantes que obstaculizan totalmente la circulación peatonal y vehicular, primero fueron las aceras, después las calles incluyendo el Parque Central, acumulando basuras y ocasionando pérdidas tanto al comercio formal como a la Corporación Municipal que deja de percibir ingresos, indispensables para brindar servicios básicos a la comunidad. Recuérdese que el Gobierno central no entrega la totalidad de las transferencias a la que está obligado por ley a su envío puntual, en tiempo y forma. Al no desembolsar la Alcaldía el pago de servicios contratados, es demandada por particulares, además de tener que hacer frente a deudas acumuladas y heredadas de administraciones anteriores.
El alcalde está investido de autoridad para proceder a ordenar desalojos, reabriendo aceras, calles y avenidas, priorizando el diálogo previo para llegar a consensos con los patronatos, mismos que deben renunciar a actitudes intransigentes que desembocan en innecesarias confrontaciones.
Comprendemos que la necesidad de obtener ingresos para el sustento propio y familiar, ante el creciente desempleo, obliga a muchas personas a insertarse en el sector informal de la economía para poder sobrevivir, lo que requiere su reubicación en terrenos ejidales o adquiridos por compra a particulares a fin de que puedan instalar sus puestos de ventas de manera ordenada e higiénica. Actualmente, son más de 20,000 puestos en calles y avenidas y la tendencia es a su crecimiento en la medida que desaparecen puestos de trabajo regularmente remunerados. El ordenamiento vehicular recibe buenas noticias: los proyectos de construcción de bulevares a Los Cármenes y Jucutuma, al igual que el vado por la colonia Colombia, en tanto el ordenamiento territorial en el valle de Sula ha merecido debida y oportuna atención por parte de Japón mediante su agencia de cooperación y desarrollo internacional (Jica), que este próximo junio estará enviando expertos para realizar estudios de prevención y control de inundaciones que cíclicamente provocan muerte, enfermedades y destrucción a su paso. Es de esperar que el Gobierno central a la brevedad emprenda la construcción de las represas prometidas desde tiempo atrás y que aún están pendientes de convertirse de promesa en realidad. Si cumple con lo ofrecido, concretará un significativo aporte a la seguridad de los habitantes de las distintas comunidades del fértil valle de Sula, que ocupa buena parte del departamento de Cortés, drenado por los ríos Ulúa y Chamelecón, en donde se ubica su punto focal, comercial e industrial: San Pedro Sula.
