Si la virtud de la justicia parte de la necesidad de darle a cada uno lo que necesita y lo que se merece, es fundamental que, en el caso de la nueva ley que ha sido aprobada por el Consejo de Ministros y que luego será curada a la augusta Cámara Legislativa, se respeten ambos extremos.
Se debe tomar en cuenta, en primer lugar, que el Estado como regulador de la convivencia social, está obligado a procurar el bien común. Y eso incluye facilitar el pleno desarrollo de los individuos o de las colectividades por ellos formadas, es decir, que las personas y las organizaciones de distinto tipo cuenten con las condiciones indispensables para desenvolverse, para crecer, para optimizarse. En este caso, la Ley de Justicia Tributaria debe asegurarse que la dinámica económica sea fluida y no enfrente obstáculos insalvables. Como se ha dicho tantas veces, porque es una verdad contundente, el Estado por sí solo no produce riqueza, pero debe velar porque se produzca de manera legítima, que haya igualdad de oportunidades para los que busquen arriesgar su dinero y que también se distribuya equitativamente.
Todo impedimento para la generación de riqueza resultará contraproducente, y más bien desalentará a los inversores locales y foráneos. Claro está que, como toda ley, debe evitar los abusos y convertirse en un cauce legítimo y transparente.
Respecto al concepto de justicia como la obligación de dar a cada uno lo que se merece, es clave olvidar el concepto en sentido punitivo, o sembrar la duda sobre la rectitud de intención de los inversores o la generalización de los vicios de algunos para hacer caer la sospecha sobre todos. Honduras necesita fuentes de trabajo y todas aquellas acciones que impidan su generación o desarrollo no puede considerarse justo.
Por el contexto en el que nos movemos, hay que tener presente, además, que quienes saben de economía son los economistas y que esta ciencia es sumamente práctica. Cualquier matiz ideológico que quiera dársele la desnaturaliza y vuelve inviables sus postulados. También hay que evitar la traslación de regulaciones que ya demostraron su inutilidad en otros países, aunque hayan sido implementadas con alguna dosis de buena intención.
Honduras no está para experimentos. La coyuntura nacional e internacional no está para prestarse a ningún juego.
Tenemos competidores en las tres fronteras y, sobre todo guatemaltecos y salvadoreños, pueden “comernos el mandado”. Así que, señores diputados, sensatez, comedido juicio, y, sobre todo más amor al país que a una bandera partidaria.
