Al menos doce factores sociales, económicos, políticos inherentes a la institucionalidad de un país con un sistema de gobierno democrático, estable, funcional, que opera independientemente del relevo periódico en el ejercicio del poder, son incluidos por los expertos en sus estudios y análisis.
La protección de los derechos de propiedad privada, el imperio de la ley y la justicia, incentivos y oportunidades para la inversión de capitales nacionales y extranjeros,
ausencia de corrupción e impunidad en gran escala, respeto y garantía a los contratos, oportunidades educativas para todas y todos, efectividad del gobierno, no existencia de trabas al comercio, libertad de intercambios monetarios, libertad de flujos de capital, control de la inflación, control de la violencia.
En nuestro país no existen las debidas y requeridas condiciones para su pleno funcionamiento, causal que impide podamos ser elegibles para recibir los diversos
beneficios incluidos en la Cuenta del Milenio otorgados por Estados Unidos periódicamente, cuando otras naciones del área centroamericana si los disfrutan.
La atrofia y paralización son características comunes a nuestra endeble institucionalidad, siendo en la actualidad el funcionamiento del Congreso Nacional un ejemplo
Patético de lo arriba expuesto, cuando ni siquiera se ha logrado la aprobación del documento esencial para el normal desempeño de la administración pública, cual es el Presupuesto General de Ingresos y Egresos.
Llego diciembre sin haberse alcanzado consenso entre las distintas bancadas parlamentarias y de repente algo similar ocurrirá en este primer mes del 2.025, lo que en buena medida ocurre por la intransigencia y autoritarismo del titular del Poder Legislativo, quien accedió a tan elevado cargo carente de la indispensable legitimidad.
A partir de ese momento, su trayectoria ha sido indebida, errática, impositiva, lo que provocó la desbandada al interior de la banca del partido Libre, al cual hoy se afilio, traicionando la confianza que en su momento le deposito la fuerza política Salvador de Honduras.
Lejos de poseer la necesaria flexibilidad y capacidad para concertar, pretende, de cualquier manera, ilegal, imponer los designios emanados de Casa Presidencial, persistiendo en un comportamiento arbitrario e ilegal.
