El fértil departamento de Colón, con una superficie de 8,248.8 kilómetros cuadrados, fundado en 1881, desde hace algunas décadas presencia un auge económico que ha visto su crecimiento demográfico reforzado con migrantes procedentes de otras regiones del país en búsqueda de oportunidades, tanto en las áreas urbanas: Tocoa, Trujillo, como rurales: valle del Aguán, dedicado a la actividad agropecuaria basada en el cultivo de palma africana y la ganadería.
Lamentablemente y de manera paralela, tal auge también es testigo de criminalidad, traducido en disputas por tierras feraces, presencia del narcotráfico que utiliza a Colón como corredor para el tránsito de drogas destinadas al principal mercado consumidor: Estados Unidos. Adicionalmente, las montañas son deforestadas para cultivar marihuana y coca.
La tragedia del valle del Aguán, regado con sangre de hermanos, incluye, también, el hecho de que las cooperativas campesinas que quedan no logran superar bajos niveles de producción y productividad, la niñez con altos índices de desnutrición y analfabetismo. Sus afiliados están supeditados a sus dirigencias inamovibles, forjadores de clientelismo y compadrazgos.
El asesinato de ambientalistas, las disputas por tierras entre grupos campesinos y la invasión de plantaciones de propiedad privada se suman a este cruento ambiente social, de violencia y zozobra, que cada día que pasa cobra más y más víctimas.
Los choques entre los cooperativistas de Tranvío, Camarones y El Chile, integrados en la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán, con los de Quebrada de Arena, se agudiza aceleradamente, con el consiguiente derramamiento de sangre, pese a la intervención policial, a lo que se suma la denuncia del director del Instituto Nacional Agrario (INA) respecto a que narcos y políticos están involucrados.
La propuesta de los labriegos de Quebrada de Arena, de dividir las 2,700 manzanas de tierra en un 50% , avalado por los ministerios de Seguridad, Educación, Salud, Iglesia Católica, cámaras de comercio, patronatos y juntas de agua, merece cuando menos un análisis jurídico, siempre y cuando sea aceptado por la contraparte.
Recuérdese que la creación de la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, el 2023, por decreto Ejecutivo, ha resultado ineficaz para alcanzar un arreglo definitivo y satisfactorio que ponga fin a los choques entre labriegos y entre estos y los propietarios de agronegocios.
El diálogo es la única arma que debe levantarse en la búsqueda de soluciones a esta problemática.
