La ociosidad es la madre de todos los vicios, enseña la sabiduría popular, que se ha ido enriqueciendo a lo largo de la historia con evidencias más allá de la mente más imaginativa, de manera que la depravación, la delincuencia, las tramas tienen su nido allí donde nada se tiene que hacer, ni siquiera ejercer para el bien la noble facultad de la razón y el pensamiento. No es que se le niegue, sino simplemente que el vacío se llena de desechos.
Señalamos lo anterior porque ha iniciado su camino jurídico, en primer debate ya, la Ley de Trabajo Obligatorio para las Personas Privadas de Libertad. Qué bien porque se evitarán muchos “vicios”, maldades, pero, sobre todo, se considerará el derecho y el deber de las personas, aún los recluidos, al trabajo. Basta ya de tener haraganes en los presidios ideando cómo subsistir al margen y contra la ley.
Lo que en principio se recibe como solución, de momento parcial, de los gravísimos problemas de los presidios en Honduras es apto para recibir la calificación de utopía, pues los privados de libertad, las instalaciones físicas, los recursos y el elemento humano responsable de la seguridad y el orden en los reclusorios recibirán la ley como llegada de extraterrestre: con miedo, absoluto desconocimiento, muy escasa capacidad para manejar los programas e inmensamente débiles ante el empuje, más fuerte, de la impunidad y la corrupción.
No es que se haya descubierto el agua caliente con la iniciativa introducida; más bien se trata de reparar el inmenso daño causado en los internos al carecer de programas para su rehabilitación y facilitar, con todas las facilidades del caso, el acercamiento o la caída en las redes delictivas y criminales tras los muros. No en vano los presidios son calificados como centros de educación superior en delincuencia y hasta con posgrado.
Lo poco que se ha hecho, con resultados casi inapreciables, se ha logrado por medio de grupos religiosos, no con las políticas de rehabilitación a que está obligado el Estado por nuestras leyes y por los convenios y tratados internacionales. El ultimátum para eludir una condena internacional por el hacinamiento en los reclusorios ha obligado a disponer de nuevas instalaciones, algunas de ellas para recluir a los presos de alta peligrosidad y otras en las que el trabajo obligatorio, en condiciones que no violen los derechos humanos y reporten beneficios al reo y al centro, no al personal de seguridad o a otros niveles administrativos, tenga en la mira la reincorporación en la sociedad al término de la condena.
El instrumento jurídico, como muchos otros, puede ser completo y hasta perfecto, pero es mejor que sea práctico y adaptado a las condiciones del sistema carcelario nacional y a su cercano mejoramiento; no sea que por imitar no resulte funcional y el remedio salga peor que la enfermedad.
