La necesidad del regreso presencial en las escuelas se hace más urgente cada día cuando ya han estado cerradas las escuelas más de un año, con un ejercicio de educación virtual que ha dejado excluidos a un 60% de los escolares. Ese daño es catastrófico, muy difícil de reparar, pero será trágico si no hacemos lo necesario para acortar ese tiempo.
Los maestros, que suman entre 60 y 70 mil, han reclamado ser incorporados cuanto antes al proceso de vacunación para retornar a las clases presenciales que por ahora se vislumbra en 2022, mientras en países del área, como en El Salvador y Costa Rica, ya regresaron a las escuelas de forma parcial.
Las actividades de clases presenciales en Honduras están suspendidas desde marzo de 2020, como parte de las restricciones del coronavirus que ha sumado más de 6,475 fallecimientos.
Hay voces de la sociedad civil que llaman a que la jornada de vacunación incluya a todo el personal docente y atender a los 1.7 millones de escolares matriculados en el sistema público en un país con un atraso de 10 años en materia educativa, según expertos que trabajan o han trabajado en Educación.
Para el regreso a las aulas es también prioridad restaurar las escuelas que siguen esperando su reparación, centros que, de acuerdo con las autoridades, suman unos 700 en malas condiciones a nivel nacional, incluyendo los dañados por los huracanes Eta e Iota.
La reapertura educativa puede ser segura si se implementan protocolos de salud e higiene como se ha hecho en otras naciones que comenzaron por clasificar a sus maestros como trabajadores de primera línea para tener prioridad en el programa de vacunación y, además, estructuraron con ellos metas de recuperación para los estudiantes.
Y aunque es urgente, en junio apenas se ha anunciado que se va a valorar la reapertura de las escuelas, centros que, en un año de elecciones generales, también se usan en las votaciones. Con la tardía reapertura y su pronto cierre en noviembre, está claro que ese 60% está condenado a perder dos años de estudio.
A este ritmo, como lo han destacado organizaciones civiles, necesitaremos al menos una década para estabilizar el sistema educativo, y más tiempo si no se procede cuanto antes a inocular a los docentes para habilitar las clases presenciales de manera gradual. Ese paso es impostergable.
