San Pedro Sula, Honduras
Recientemente señalábamos la aberración de un juez al sentar en el banquillo a una niña de dos años y hacíamos los señalamientos también a las familias que exponen a sus hijos a los graves riesgos del camino, a la separación en la frontera y al aislamiento en los centros de retención sin fecha para el reintegro al ámbito familiar. Es una desgracia e irresponsabilidad compartidas de la que son víctimas directas los niños, cuya seguridad e integridad debiera garantizar el Estado y hacerla efectiva.
La Convención de los Derechos de los Niños, marco internacional para la protección de los menores que se plasma en la Constitución y en el Código de la Niñez, con énfasis en las responsabilidades compartidas, familia, Estado y personas adultas es el marco jurídico para proteger de los abusos, maltratos y sufrimientos a los niños, pues tienen los mismos derechos que las personas mayores, pero sus exigencias son más urgentes por la indefensión en que se hallan si fallan personas e instituciones, como ocurre en el éxodo de migrantes hacia el norte.
Ante el drama de estos niños se multiplican las interrogantes, particularmente por los graves desafíos en el camino, por las advertencias de los países en ruta y la reiterada amenaza para el final, donde hallarán “tolerancia cero”, hecha realidad en la inocencia misma. Nada extraño que los pronunciamientos se hayan multiplicado, marcando clara distancia del o de los organizadores. La Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal aclaró, desde el principio, que “no tenemos ninguna relación” con los organizadores, al tiempo que pide conocer a los impulsores de la iniciativa y los objetivos de la misma.
Si no pueden venir legalmente, no vengan, es el mensaje reiterado en el ámbito oficial de la administración Trump, cuya últimna advertencia, ayer a través de redes sociales, se convirtió en amenaza: 'EE UU ha informado firmemente al presidente de Honduras (Juan Orlando Hernández) que si la gran caravana de personas que se dirige a EE UU no se detiene y regresa a Honduras, no se dará más dinero ni ayuda a Honduras, con efecto inmediato!”.
La responsabilidad compartida, resaltada hoy en irresponsabilidad compartida, llega también a Washington, pues los intereses han sido enfocados hacia los efectos, lo inmediato, no a las causas del problema migratorio, que necesita políticas “correctas, concretas y valientes”, en palabras del papa Francisco, para disminuir el desempleo, la inseguridad y los conflictos internos, atentatorios a la calidad de vida de los hondureños.
