El martes pasado amarraron a un poste a un joven acusado de robar en el barrio Los Maestros en la ciudad puerto de La Ceiba y le colocaron un rótulo en el pecho que decía “por ladrón”, e igual en San Pedro Sula, capturaron, golpearon y amarraron a otro joven señalado de asaltante de pasajeros de buses urbanos y lo exhibieron ante el público, y los dos mostraban caras de hambrientos.
La ciudadanía tiene razón de estar molesta por estos delitos menores, por el robo o hurto de dinero, celulares, prendas, entre otras cosas, por parte de estos jóvenes que buscan la manera más fácil y peligrosa de satisfacer sus necesidades físicas.
Estos casos son los efectos de estas personas que no han tenido la oportunidad a aprender un oficio y peor de estudiar una profesión en un país en el que la educación pareciera ser para privilegiados, pues cada vez hay más deserción en todos los niveles y especial a nivel escolar a nivel nacional.
Según reportes de las autoridades de Educación, el año pasado, 2022, quedaron fuera del sistema educativo más de 1.1 millones de menores y en el actual año 2023 la situación no ha mejorado como se esperaba. Pues la causa fue la pandemia del covid-19 que dejó más pobreza, desempleo e inmigración. Más los miles de centros educativos que destruyeron las tormentas Eta y Iota en 2020.
Miles de menores de edad han sido abandonados por sus padres al haber emigrados hacia Estados Unidos de América, especialmente después de la pandemia del coronavirus. Sin sumar los tradicionales producto de la paternidad irresponsable.
En el caso de estos dos menores hambrientos, no es golpeándoles, amarrándoles y peor colgarles letreros despectivos es que se resuelven estos casos en un país llamado Honduras.
