Las invasiones a la propiedad privada son absolutamente inaceptables. Constituyen un delito en tanto en cuanto destruyen el derecho de los demás. E introducen en la sociedad económica, la inseguridad, que frena la inversión particular, nacional o extranjera. Por ello, aunque por defectos de lo que es la política en Honduras, algunos llamen a contemporizar con los invasores, nunca se debe negociar con ellos, mientras se encuentran en el interior de la propiedad invadida. Esto es fundamental. Porque al hacer lo contrario, se lanza un mensaje equivoco dañino. A los invasores: que “tienen derecho en violar la ley”. Y a los propietarios que: “El gobierno no existe para dar garantías y respetar el Estado de derecho”.
Las invasiones de tierras, empresas y fábricas son una práctica ilegal de poca data. Las primeras invasiones de tierra se dieron en Honduras a principios de los 70, por razones políticas (en 1962, en contra de Rodas Alvarado en Monjarás, Choluteca), motivadas después (1970), por la expulsión de los campesinos salvadoreños; y la disputa que de ellas establecieron autoridades locales –militares y policiales— especialmente en los departamentos de Olancho y Choluteca.
El fulgor “nacionalista” que produjo la guerra de 1969, las condiciones generales de la población más pobre de los sectores rurales, le dio cierto tono de compensación social al acto desesperado de los que, sin tierra, invadían las de los vecinos, especialmente a los que tenían más trabajo y por ello, más poder económico.
Posteriormente el reformismo militar de López Arellano y el decreto número ocho, validaron las acciones ilegales de la ocupación de tierras, la mayoría fiscales; y, sin título, por sus propietarios. Durante el gobierno de Reina Idiáquez, las invasiones de tierras se generalizaron bajo la creencia de los invasores que el gobierno reformista de esta familia gobernante sería condescendiente con sus acciones irregulares.
Ahora está ocurriendo lo mismo. Con la diferencia que, en efecto, el gobierno “socialista democrático” de Castro Sarmiento ha insinuado públicamente que no procederá contra los invasores; y que, más bien, apoyará negociaciones entre estos y los propietarios de predios rurales, urbanos, fábricas e instalaciones productivas. Y esto ha producido el mayor número de invasiones que se recuerda desde el gobierno de López Arellano. Con el agregado que entonces era un paradigma salvador el que no se negociaba, mientras los invasores no desocupaban los predios invadidos.
Ahora las autoridades del INA han organizado diferentes comisiones para cuidarse del reclamo político antes de proceder a imponer la ley. E, incluso, en una acción incorrecta han creído que la Corte Suprema de Justicia participe en negociaciones en asuntos que, inevitablemente, serán de conocimiento del Poder Judicial.
Como esta situación no puede continuar, nos permitimos solicitarles a los funcionarios públicos que, ante las cuestiones políticas y el cumplimiento de la ley, no deben vacilar. Y que no se debe negociar con nadie, mientras no desalojen los predios invadidos. Por experiencia propia, nunca negocie, mientras los campesinos no desocupaban las tierras. Porque estoy convencido que ningún derecho puede originarse en la violencia y mucho menos en el irrespeto de la ley, incluso con la simpatía de las autoridades irresponsables.
Si se continúa con paños tibios ante las acciones ilegales, provocaremos más debilidad al país. Es necesario dejar claro que somos una sociedad que respeta la ley en la que las autoridades no tienen más compromisos que cumplir con sus obligaciones. Caso contrario se reducirá mucho más la inversión privada sin la cual el país no puede salir adelante. Seguir creyendo que el gobierno produce riqueza es adentrarnos muchos más que hasta ahora en el camino inexorable hacia la miseria.
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