Organizaciones magisteriales como el Instituto de Previsión del Magisterio (Inprema) han sido, por años, receptoras de un filón de caudales producto de aportaciones hechas por los maestros durante una vida entregada a la docencia. Sin embargo, los más beneficiados con estos fondos han sido instituciones privadas y estatales como también personas particulares y altos dirigentes magisteriales. Solamente el gobierno anterior sustrajo del Inprema la suma de 10 millones de dólares para la construcción del Centro Cívico Gubernamental que aloja dependencias estatales. Todo ello ha ido acumulando malestar en los agremiados, quienes esperaban un retiro digno después de haber dejado sus fuerzas en las aulas.
Como las abejas obreras, los docentes de los niveles primario y secundario fueron fabricando la miel de este rico panal del que todo mundo quiere hacer fiesta en menoscabo de los agremiados, quienes, al jubilarse, perdieron su afiliación al Seguro Social y las prestaciones del Gobierno.
A excepción de los que lograron montar un negocio con ahorros y sacrificios extras o cuentan con el respaldo de su familia, estos docentes de la tercera edad luchan por sobrevivir con un salario recortado que les entrega el Inprema. Aparte de ello la institución les deduce de ese salario la cotización mensual que continúa vigente aún después de haber terminado sus largos servicios en la formación de hondureños.
Entre los pocos beneficios que tendrían estos docentes está el pago de 60 rentas a sus familiares en caso de fallecimiento del pensionado, pero en el gobierno anterior se aprobó un decreto para entregárselo de una vez a los propios jubilados. Sin embargo, desde aquella fecha a esta, han muerto muchos jubilados sin haber visto cumplida esa ley. La Unidad Nacional Independiente de Maestros jubilados y Pensionados de Honduras (UNIMAJP-H), en el norte del país, ha pedido que se cumpla el referido decreto dada la precaria situación de salud que enfrentan muchos de ellos. Pero ahora dependerá de la Corte Suprema de Justicia si tal decreto se hace efectivo o en cambio se les entrega a los jubilados un bono de 400,000 lempiras a pagar por cuotas en el término de cuatro años, como quien da confites a un niño para calmarlo.
Integrantes de la Asamblea de Participantes y Aportantes (APA) adscrita al Inprema, aducen que el pago de las sesenta rentas puede descapitalizar la institución por eso se pronuncian a favor del bono. Mientras que muchos jubilados, cansados de la larga espera, aceptan cualquiera que sea la resolución del alto tribunal, pero que se tome de una vez por todas. Enfermedades como la hipertensión, el estrés y la depresión están haciendo mella en ellos a consecuencia de más de 30 años en tensa labor. Es así que los maestros jubilados y pensionados se han convertido en una legión de millonarios pobres, hablando metafóricamente, por las estrecheces que sufren pese a contar con toda una fortuna producto de aportaciones hechas durante una vida entregada a la docencia. Pero tal capital se encuentra en manos ajenas.
