El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, cumplió este miércoles un mes de Gobierno intentando hacer frente a los retos que heredó de sus antecesores que incluyen unas instituciones públicas carcomidas por la corrupción, la inseguridad que bombardea a los ciudadanos y la convivencia con la fiscal general, Consuelo Porras Argueta, que intentó evitar su toma de posesión.
Arévalo recibió la banda presidencial de Guatemala el 14 de enero para sustituir a Alejandro Giammattei (2020-2024) y en sus primeras semanas de mandato ha concentrado el trabajo de su gabinete en identificar anomalías y corrupción dentro de las instituciones públicas, que durante la campaña se comprometió a “recuperar”.
El mandatario, de 67 años, inició su Administración con la atención de la sociedad civil y comunidad internacional, debido a que desde el 12 de julio de 2023, la Fiscalía, dirigida por Porras Argueta, lanzó repetidos intentos judiciales para truncar su victoria electoral y evitar que ocupara la silla presidencial.
Este mes, Arévalo sumó dos intentos fallidos para concretar una reunión con la fiscal, a la que acusó de orquestar un “golpe de Estado” en su contra en 2023; ha buscado revertir polémicas decisiones de su antecesor y potenciar sus esfuerzos por mejorar la relación de Guatemala con Estados Unidos y la Unión Europea.
El abogado constitucionalista Edgar Ortiz aseguró a EFE que entre lo más destacado del Gobierno de Arévalo se encuentran “sus acciones para fortalecer el carácter democrático”.
“La apertura a los medios de comunicación, reanudar una buena relación con la comunidad internacional, así como priorizar los derechos humanos, son aspectos positivos de esta Administración”, agregó Ortiz.
Arévalo de León arrancó su mandato anulando el decreto de automóviles blindados y seguridad que Giammattei le había recetado a sus ministros para los próximos 5 años. Además ha expuesto anomalías encontradas en distintas instituciones del Estado.
