Existen en el país innumerables leyes que dan protección a los escritores. La más antigua que yo conocí fue la Ley de Libre Emisión del Pensamiento. En uno de sus artículos decía que los libros estaban libres de impuestos en todo el proceso de importación, edición y venta; mandaba que los materiales tales como el papel, tinta y todos los insumos para la elaboración de un libro entrarían al país o se venderían dentro de nuestras fronteras libres de todo impuesto. La última que conozco es la Ley de Fomento de la Lectura, dice tantas cosas hermosas para el trabajo intelectual que cualquiera diría que estamos en el paraíso para escritores y artistas. Pero la realidad es otra, totalmente diferente. Hay una total negación de esos derechos de los escritores: las imprentas cobran el 15% de impuesto por la impresión de los libros y las librerías no pagan los pocos ejemplares que logran vender si el autor no presenta un talonario autorizado por el SAR. Resulta que ese talonario cuesta caro y las raquíticas ventas de los libros no siempre producen para el pago en la impresión del talonario, del cual generalmente se gastan unas cinco hojas, porque tiene caducidad al año de haberlo impreso y luego hay que imprimir otro y tirar al basurero el que queda casi completo. Esto no deja de ser un desperdicio de divisas porque Honduras no produce papel, ni tinta, ni planchas para la impresión, ni maquinaria. Hay actualmente en el mundo una tendencia a ahorrar papel porque su uso innecesario y el desperdicio significan el derribo de muchos árboles, deforestación que está provocando el cambio climático, de cuyas consecuencias Honduras es víctima en la agricultura y con las inundaciones que nos producen destrozos y muertes. A esto también contribuye el hecho de que, en la era digital, cada vez que uno se va a identifican en una agencia gubernamental debe llevar una copia de la tarjeta de identidad, porque es uno de los medios para que el jefe de la oficina, generalmente también dueño de la fotocopiadora, se agencie sus fichitas. Los funcionarios públicos son agentes de fe y bastaría con que uno presente su identidad y ellos la anoten sin necesidad de llenar los archivos de tanto papel inservible y de provocar gastos innecesarios para cada bolsillo y que son contraproducentes para la salud del planeta. Pero volviendo a los poetas, sobre todo con los mayores, todos deben presentar, si tienen, un talonario, un formulario mensual de declaración del impuesto sobre ventas; por razones de olvido o porque ya anda rondando el pariente alemán si se olvida de esta obligación se ve conminado a pagar una multa, de tal manera que al hacer el balance anual de ingresos y egresos el escritor ha gastado más en trámites burocráticos y multas que lo que dan las ventas de sus libros. A esto es a lo que el Estado llama protección de los intelectuales por parte del Estado para la producción literaria y artística. Por otra parte, el Estado, de acuerdo con las leyes vigentes, debe ayudar a los autores nacionales con la compra de ejemplares de sus libros para fortalecer las bibliotecas, pero, como vemos, lo que el Estado hace es llenar de obligaciones innecesarias a los intelectuales que van en detrimento de sus bolsillos y que tales egresos no suelen ser cubiertos con la raquítica demanda de los libros nacionales y extranjeros. Desde hace algunos años le he sugerido a la Asociación de Escritores y Artistas de Honduras la lucha para quitarnos estas obligaciones que resultan onerosas para los escritores y artistas y que más bien desestimulan la producción intelectual, disposiciones que además están contrapuestas con la belleza de leyes aprobadas y vigentes que dicen ser destinadas a proteger a los autores y a promover la lectura y la cultura.
¿Qué es lo pertinente hacer en estas circunstancias? Hacer que el talonario no tenga caducidad para ahorrar papel, tinta y otros insumos para su impresión y para ayudar a la conservación del ambiente y no presionar la economía raquítica de los intelectuales y artistas. Que las imprentas, el correo, las librerías, las escuelas y cualquier empresa u organización relacionada con los libros no cobre ningún impuesto a cualquier transacción de libros nacionales o extranjeros. Solo de esa manera, los escritores y artistas estarán libres de esas ataduras que en vez de favorecerles les causa muchísimos inconvenientes y sobre todo a sus muy pobres bolsillos por ingresos proveniente de la comercialización de su esfuerzo intelectual.
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