El nombramiento del fiscal general interino ha traído movimientos en el seno del adormecido y aletargado sistema de persecución del delito. Es justo y necesario que el Ministerio Público ejerza de manera valedera la acción penal pública del cual es responsable ante el Estado de derecho.
Uno de los grandes jurisconsultos romanos decía que la justicia es la voluntad firme y continuada de dar a cada uno lo suyo; y en ese ítem estamos aplazados: doña justicia ha sido ausente perenne en nuestro engranaje jurídico; nos hemos burlado de la Constitución y las leyes de manera soberbia y a plena luz del día.
Hasta el cansancio se ha advertido que solo un Ministerio Público autónomo, técnico, con alto sentido de jurisprudencia y equilibrio podrá hacer frente a las magnánimas necesidades de combatir la impunidad en nuestro país. Así que las acusaciones o requerimientos fiscales deben obedecer a investigaciones científicas e imparciales, apegadas a derecho y al debido proceso; y en ese sentido el acusado no debe confundir el aceite con el agua: si se le acusa e imputa de la comisión del delito debe saber primero que le ampara la presunción de inocencia, que tiene, al menos en teoría, asegurado el principio de imparcialidad del órgano jurisdiccional, y por ende, que debe “confiar” que la sentencia será apegada a los medios probatorios admitidos y evacuados en las respectivas audiencias.
De ahí la necesidad que los requerimientos no tengan una motivación intestinal de venganzas partidarias o políticas, en su caso se convertiría en una cacería de brujas sin fin posible; y en el otro extremo no debe el imputado aducir persecución política a un requerimiento que esté sustentado en investigación de larga data que tenga indicios racionales de la participación del acusado; debe afrontar con su defensa técnica y listo, nada de esconderse o tratar de huir del brazo de la justicia.
Es tiempo que el sistema jurídico comience a dar respuestas apegadas a derecho de tanto robo, desfalcos, fraudes, y toda clase de acción punible que menoscaba el recurso publico robándose la esperanza del pueblo hondureño.
