Se le debe a la Comisión Interventora del Ministerio Público que recién cesó en sus funciones, la delación de los derroches, los excesos y el abuso de poder encontrados en la Fiscalía General de la República, que provocó la destitución más que justificada de su anterior titular. La indicada Comisión encontró un inadecuado manejo del personal nombrado sin estructura presupuestaria, uso irracional de viáticos, y gastos excesivos realizados por la argolla que rodeaba al ex-Fiscal del Estado; políticas fraudulentas en el área de Recursos Humanos, aumentos salariales selectivos, y abuso en el nombramiento de “asesores” sin funciones específicas, y un personal administrativo que gozaba de inmerecidas altos salarios y canonjías, que les son vedadas a los fiscales comunes, incluso a los de carrera.
Ahora ha salido a luz otra clase de corrupción denunciada por el actual Fiscal General, que aunque electo incorrectamente por el Congreso Nacional, está demostrando su voluntad para depurar esa maltrecha entidad y devolverle su credibilidad institucional. Más de una veintena de fiscales han sido encontrados responsables de corrupción en concierto para delinquir, por la comisión de varios delitos como enriquecimiento ilícito, cohecho, tráfico de influencias y violación a los deberes del funcionario. La prensa nacional ha recogido las declaraciones del director de fiscales quien ha manifestado que 22 fiscales habían amasado fortunas en forma ilícita, recibiendo dinero a cambio de inacción en los casos a ellos encomendados, o simplemente abandonando el rol protagónico que al Ministerio Público le corresponde en los procesos investigativos a favor de los imputados.
Esto ha ocurrido tanto en la sede central, como en las departamentales, como San Pedro Sula la segunda sede más importante del Ministerio Público como lo ha denunciado reiteradamente el que esto escribe, procedimiento tortuoso que pone en jaque a la justicia y alienta a los criminales, lo que los profesionales del derecho y las víctimas de los delitos resienten, para muestra señalo el Expediente No. 0501-2007-02118, en el cual a pesar de haber transcurrido más de seis años de haberse interpuesto, los sucesivos Coordinadores no han hecho nada por llevar a los tribunales a los responsables de los crímenes denunciados.
En su informe la Comisión Interventora expresó: “Se encontraron en personal del Ministerio Público, depósitos bancarios que exceden los ingresos salariales, posesión de bienes inmuebles en cantidades significativas, transacciones bancarias en depósitos cuantiosos, múltiples depósitos en un mismo día a la misma cuenta y de forma fraccionada”.
Más claro como se dice popularmente, no puede cantar un gallo. Con esta pista nadie podrá expresar que los requerimientos anunciados son falsedad o pura persecución, como hipócritamente suele decirse.
