En Honduras, uno de los aspectos más problemáticos para atraer la inversión extranjera es la seguridad jurídica de la propiedad inmueble, pero este aspecto también genera grandes conflictos a lo interno del país, provocando una carga excesiva a nivel judicial y retrasando el avance del derecho de propiedad inmueble, por citar un caso. Y una de las razones es que existe tanta diversidad de leyes y reglamentaciones que son contradictorias entre sí, como también variedad de respuestas que dan las autoridades del ramo en un mismo tema; pero en aplicación de diferentes legislaciones.
Es por ello que la unificación legislativa es un proyecto necesario para nuestro país, así como la unificación de criterios a nivel de las instituciones del Estado, que deben coordinar de tal forma que la respuesta que ofrezcan a los ciudadanos sea tan uniforme como sea posible en aplicación de las mismas leyes.
Este conflicto no es ajeno a las esferas judiciales, donde si bien los jueces tienen libertad de criterios para juzgar, sí se hace evidente que no puede ser que un juez determine un mismo asunto de una manera y otro juez lo haga de otra manera, o es más lo rechace, ya que si bien todos los asuntos de la justicia se someten al criterio libre y soberano del juzgador, existe o al menos debería existir una tarifa jurídica legislativa común. La frustración ciudadana es enorme ante las contradicciones jurídicas y las respuestas nada homogéneas que se le brindan a sus situaciones jurídicas, lo que a su vez incrementa la violencia y el nivel de conflicto social, que bien podrían aminorarse, si no eliminarse, dando respuestas uniformes. Es decir, que un grupo de expertos jurídicos trabaje en la unificación legislativa, pues no puede ser trabajo de burócratas, sino de expertos que con la ley en una mano y la experiencia en la otra puedan determinar esta unificación legislativa, que traería grandes beneficios.
Para poner un ejemplo, en materia de protección a la inversión extranjera mientras unas leyes la protegen, otras la menoscaban, introduciendo elementos nuevos e instrumentos que por sí mismos no constituyen ley, como es el caso de los Decretos Ejecutivos de la Presidencia, que si bien norman y administran, no tienen la facultad de alterar ni el espíritu de la ley ni el espíritu de nuestra Carta Magna. Si reuniésemos todas estas legislaciones por cada materia, con todas sus reglamentaciones y disposiciones, podríamos ofrecer un incentivo a la inversión y la seguridad jurídica. El tema de los tributos municipales es otro dolor de cabeza para la inversión, ya que no se concibe que mientras en una municipalidad los pagos por determinados conceptos son unos, en otras son totalmente asimétricos.
Sabemos que la seguridad jurídica tiene muchas variantes y que no es solo con la unificación legislativa que se resolverá la misma, ya que para dar seguridad jurídica a nivel de país y ofrecer certeza a la inversión las contradicciones tienen que terminar desde el más alto nivel, donde las máximas autoridades judiciales dictan resoluciones contradictorias en un mismo asunto, pero creemos que aun estos aspectos se podrán esclarecer a la luz de un compendio jurídico uniforme para cada materia.
