El poder del motín callejero no está en su propia fuerza, sino en el miedo que provoca, está emparentado con el anarquismo militante y con el terrorismo solitario. La población mayoritaria es obligada por una minoría vociferante a quedarse --cobardemente-- en su casa. Claro, una parte de la burocracia celebra el inmovilismo, en tanto que la otra se suma a la propuesta callejera, que es siempre minoritaria. Varios centenares de personas, moviéndose en una ciudad como Tegucigalpa, la paraliza fácilmente. Manuel Zelaya lo sabe, por ello es que sus “comandos revolucionarios” -- que los analistas menospreciamos-- tuvieron tanto éxito.
Y efecto destructivo mayor en Colón. Bastan unos pocos encapuchados para tomarse el aeropuerto Toncontín --que no ocurrió cuando los militares lo protegieron en 2009-- para doblegar una Policía temerosa, incompetente e incluso inútil, que parece que no tuviera dirección, planes de contingencia o fuerzas de apoyo para enfrentar momentos en que fueron superadas por el tamaño concentrado de los exaltados, frente a la indiferencia de la población, que se encierra en sus casas, rendida ante una minoría, que incluso se da el lujo del pillaje. El vehículo policial quemado llevaba comida a los policías confrontados en la calle. Les quitaron la comida, golpearon a los soldados e incendiaron la patrulla: derrota total. Como ocurrió en Colón, que no pudieron evitar los daños a los contenedores de Dole.
Lo peor es la incapacidad –fuera de la toma de Toncontín– para evitar que la embajada de Estados Unidos fuera atacada y quemados los contenedores de Dole. El hecho de que no haya habido protección policial, en un objetivo codiciado por los seguidores de Zelaya Rosales, cuyo odio a los Estados Unidos es conocido por todos, prueba que la Policía, además del miedo, carece de capacidad de planificación y no tiene imaginación para anticipar todos los escenarios posibles. Por el miedo a los líderes de los derechos humanos, no puede evitar el pillaje, en el entendido que, al asaltar los manifestantes negocios, embajadas y contenedores, se desprestigian o lo permiten a los líderes argumentar que ellos protestan pacíficamente y que el Gobierno es el que infiltra sus movilizaciones para desprestigiarlos.
Hay que revisar los protocolos de operación de la Policía para que, por lo menos, capture a los encapuchados y a aquellas personas que aprovechan las movilizaciones pacíficas –que no lo son cuando impiden la libre movilización–, poniendo en riesgo la seguridad personal y los bienes materiales. Asimismo, hay que evaluar los mandos, que no solo se muestran tímidos y distantes del terreno de las acciones, sino que poco comprometidos con la defensa ciudadana. La Policía tiene la obligación de darnos garantías de que podemos ejercer nuestros derechos, especialmente el de la libre circulación por calles y carreteras. Debemos cuestionar –cosa que no se ha hecho– los resultados de la “depuración” policial de Omar Rivera y compañía, que, en los sucesos de la semana pasada, fue puesta a prueba con resultados negativos. Fue mejor la Policía en 2017, antes de la “depuración”. De repente, los “depurados” están en el otro bando, asesorando a los minoritarios.
