Una información proporcionada recientemente por fuentes oficiales expresa que la mayoría de los casos de extorsión presentados y sometidos a juicio ante los juzgados especiales han sido condenados con penas graves o severas, lo que contrasta con las denuncias que casi a diario se presentan por los afectados, que acusan a las autoridades de no hacer lo necesario para perseguir contundentemente a los responsables de estos crímenes. O con el dicho de los miles de migrantes que huyen del país en caravanas, quienes sostienen como motivo principal de ello haber sido víctimas de los extorsionadores, quienes se mueven por distintos rumbos en el país y afectan en mayor parte al transporte, pequeños negocios y comerciantes, que se han visto obligados a cerrar o suspender sus actividades, como lo ha dado a conocer la
Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), preocupados por la incidencia de este fenómeno que afecta indudablemente la economía del país.
La Policía Preventiva no ha jugado su verdadero papel en la persecución de estos malvivientes, ya que más bien muchos se han convertido en viles extorsionadores que se han enriquecido rápidamente, como se les ha denunciado a través de la plataforma Honduras Denuncia, habilitada por la comisión especial para la depuración y transformación de dicha institución, por lo cual este delito ha aflorado in crescendo para infortunio de la sociedad hondureña, que vive amenazada no solamente por el crimen organizado y el narcotráfico, sino que también por las bandas que extorsionan a la población honrada, como la misma autoridad lo ha comprobado, y que en la mayoría de los casos operan desde las cárceles del país dentro de un sistema corrupto que les ha permitido su impunidad y su proliferación. Todo a pesar de la implementación de algunas medidas extraordinarias en los centros penales y la creación de una fuerza especial antiextorsión y de algunas reformas penales, que no han sido suficientes para la represión de esta nueva tipología criminal.
Un nuevo informe de la organización Insight Crime revela que en los últimos años miles de pequeñas tiendas han cerrado en la capital de Honduras por causa de la extorsión. Lo que la Asociación de Consumidores y Usuarios de Honduras ha ratificado dando cuenta del cierre de unas 1,500 tiendas de esquina, conocidas popularmente como pulperías, provocado por las amenazas y la violencia de los extorsionadores, que actúan en gran escala a través de las distintas maras o pandillas que operan como empresas multinacionales en el llamado Triángulo Norte de Centroamérica, México y con nexos con pandilleros radicados en los Estados Unidos. Negocio ilícito generador de varios millones de dólares y que podría ser la causa de su impunidad.
