Una nota periodística de este diario da cuenta del desmantelamiento de una banda operada por mujeres dedicada al “engorde de niños”, como popularmente se le conoce en nuestro país a la vil actividad relacionada con la adopción ilegal de menores y su posterior venta y traslado al extranjero, que se ha venido ejecutando a través de redes criminales, en las cuales han estado involucrados empleados de Migración y profesionales del derecho que se han prestado para ello, obteniendo abultadas ganancias al facilitar la actividad de los traficantes de menores que se mueven entre varios países, o en su caso realizando trámites irregulares de adopción.
De acuerdo con un reciente informe de la embajada estadounidense en nuestro país, el Gobierno hondureño no ha cumplido plenamente con las normas mínimas para la eliminación de la trata de menores, aunque ha realizado algunos esfuerzos para ello, como la captura de los tratantes a que se refiere el indicado reportaje y otros en el pasado. No obstante, no se tiene conocimiento, por ejemplo, del enjuiciamiento de los funcionarios de la ex Dirección General de Migración o de otras dependencias que han sido cómplices en este ignominioso ilícito.
Inclusive el Gobierno mexicano solicitó en su momento una asistencia judicial a la Corte Suprema de Justicia de nuestro país para investigar una red de tráfico de órganos de menores que ha operado desde Honduras hacia México. En este documento se detalla que detrás de los traficantes estarían involucradas otras personas, inclusive unos supuestos miembros de una secta religiosa que administraban una casa hogar que les servía de fachada para consumar esta aberrante actividad.
El tráfico de menores se caracteriza por el reclutamiento, el traslado y su alojamiento a veces acompañado de sus madres, de quienes se aprovechan de su pobreza y son engañadas, tal como lo refiere el reportaje de La Prensa, a través de diferentes métodos como el fraude o la oferta de beneficios para obtener su consentimiento en aquellos casos de adopción planteados o simplemente robados en los hospitales o en las calles, como se ha denunciado por los medios.
Honduras ha suscrito múltiples acuerdos internacionales para combatir este tipo de delitos, como la Convención sobre los Derechos del Niño y sus Protocolos relativos a la venta de estos y la pornografía infantil, cuyo volumen de negocio mueve miles de millones de dólares en el mundo. Instrumentos que nos deben servir como marco legal para prevenir y castigar a los tratantes de menores.
Además de nuestra Constitución, que invoca la protección de nuestros infantes contra todo tipo de trata, otorgándoles una serie de garantías y derechos, que en la práctica lamentablemente no se cumplen.
