Uno de los grandes obstáculos que tiene la lucha contra la corrupción en Honduras son las múltiples contradicciones que presenta el sistema, tanto a nivel de investigación como a nivel de juzgamiento. A nivel de investigación es débil porque los organismos de investigación de la corrupción no tienen mayor nivel técnico o profesional, resultándoles difícil la investigación de aquella corrupción que penetra en los ámbitos financieros o la que resulta de la venta de influencias o sobornos a nivel institucional y a nivel de juzgamiento, porque los entes encargados de castigar los delitos no tienen una tarifa de pruebas debidamente organizada que les permita apreciar la comisión de los delitos de corrupción.
A estas debilidades propias del sistema debemos sumar los cambios que se producen en el personal investigativo, que presenta casos tan paradójicos que en ocasiones las personas que investigaban la corrupción, al ser despedidas del aparato gubernamental, prestan sus servicios a quienes investigaban, justamente por delitos contra la corrupción, es decir, se necesita la formación de profesionales especializados en el tema del combate a la corrupción que hagan carrera institucional sin que estén sujetos a los cambios que produce la política. Un fiscal que investiga la corrupción debe ser un fiscal de carrera, cuyo conocimiento del tema del combate a la corrupción le permita llevar el caso a todas las instancias, tanto la investigativa como la penal.
Las denuncias por actos de corrupción se suceden a diario y a todo nivel, tanto a escala estatal como municipal, resultando en un entramado con tantas raíces que muchas veces las mismas autoridades renuncian a continuar persiguiendo las redes de corrupción; por lo que es necesario unificar las políticas anticorrupción estableciendo reglas legales claras y precisas, permitiendo la denuncia y fortaleciendo la investigación con un organismo especializado en el tema. El combate a la corrupción debería estar a cargo de un Ministerio especializado en el tema y no ser parte de una agenda provisional de cuatro años de gobierno. Los recursos se utilizarían mejor y los resultados serían más alentadores. Ya se ha creado la Fiscalía que perseguirá los delitos cometidos por los mismos servidores del Ministerio Público, otra Fiscalía se encargará de perseguir los delitos cometidos por los miembros de la policía y de la Corte Suprema de Justicia y así sucesivamente, diluyendo los esfuerzos y recursos y debilitando la misma institucionalidad de la lucha contra la corrupción. Lo óptimo sería que un solo ente se encargara de la investigación y persecución de los delitos de corrupción, que este mismo ente produjera finalmente un informe coherente que permitan los jueces apreciar la comisión de los delitos y dictar una sentencia adecuada a los mismos. Y que investigue no solo la corrupción que se comete a nivel estatal sino también la que se comete de forma derivada de la corrupción por parte de la empresa privada, porque no se puede ignorar que allí también la corrupción gubernamental produce efectos o bien se origina en prácticas corruptas practicadas por muchas empresas que se prestan a los actos corruptos, justamente porque lo prefieren a tener una estructura legal bien organizada que les permita desarrollarse sin tener que acudir a estos métodos ilegales.
Imagínense que hay denuncias de que algunas empresas tienen una tarifa que pagan para sacar un muerto de la morgue con un tiempo diez veces menor que el que espera un muerto común y corriente, así de dramático es el accionar de la corrupción.
