Brasilia.
En medio de una crisis sin precedentes en el gigante sudamericano, Dilma Rousseff recibió un empujón para salir de la Presidencia de Brasil por la puerta de atrás, luego de que el Congreso brasileño determinara en una votación, que mantuvo en vilo al país, la apertura de un juicio político contra la mandataria.
Tras la celebración con fuegos artificiales y cacerolazos en las calles por parte de la oposición, Rousseff salió ayer a dar la cara y se manifestó “indignada” por la aprobación del proceso de destitución en su contra con una aplastante mayoría de 367 votos a favor, y 137 en contra.
La mandataria admitió estar “triste”, pero no “abatida”, y dijo que ha quedado frente a una “situación que solo puede provocar una inmensa sensación de injusticia y de que hay en Brasil una violencia contra la verdad y la democracia”.
La Presidenta aseguró también que, una vez que el proceso con vistas a un posible juicio político se inicie en el Senado, confía en que tendrá la “oportunidad” de defenderse y demostrar que, en su caso, “se usa la apariencia de un proceso democrático para condenar a un inocente”.
Rousseff insistió en que las maniobras contables que sustentan la acusación no suponen una ilegalidad y mucho menos un “delito de responsabilidad”, como la Constitución define las causas que pueden llevar a la destitución de un mandatario.
Dispara contra Cunha
Por momentos emocionada también consideró “interesante” que no hay en su contra “ninguna acusación de desvíos de dinero, de enriquecimiento ilícito o de ocultar cuentas en el exterior”, que sí pesan contra quienes la juzgan, en alusión al presidente de la Cámara Baja, Eduardo Cunha, imputado por esos delitos.
Tras la votación en la Cámara Baja, el presidente del Senado, Renán Calheiros, recibió ayer la documentación relativa al proceso y hoy convocará al pleno para designar a los 21 miembros de una comisión que analizará el caso.
Esa comisión elaborará un informe, que en un plazo de unos veinte días deberá llegar al pleno, que decidirá si se instaura o no el juicio político contra Rousseff.
Brasil se encuentra en una situación de incertidumbre a menos de cuatro meses de la inauguración de los Juegos Olímpicos, con una Presidenta al borde de la destitución. En tanto que su vicepresidente, Michel Temer, acusado por Rousseff de “traidor”, prosigue sus contactos para formar un nuevo Gobierno.
En medio de una crisis sin precedentes en el gigante sudamericano, Dilma Rousseff recibió un empujón para salir de la Presidencia de Brasil por la puerta de atrás, luego de que el Congreso brasileño determinara en una votación, que mantuvo en vilo al país, la apertura de un juicio político contra la mandataria.
Tras la celebración con fuegos artificiales y cacerolazos en las calles por parte de la oposición, Rousseff salió ayer a dar la cara y se manifestó “indignada” por la aprobación del proceso de destitución en su contra con una aplastante mayoría de 367 votos a favor, y 137 en contra.
La mandataria admitió estar “triste”, pero no “abatida”, y dijo que ha quedado frente a una “situación que solo puede provocar una inmensa sensación de injusticia y de que hay en Brasil una violencia contra la verdad y la democracia”.
La Presidenta aseguró también que, una vez que el proceso con vistas a un posible juicio político se inicie en el Senado, confía en que tendrá la “oportunidad” de defenderse y demostrar que, en su caso, “se usa la apariencia de un proceso democrático para condenar a un inocente”.
Rousseff insistió en que las maniobras contables que sustentan la acusación no suponen una ilegalidad y mucho menos un “delito de responsabilidad”, como la Constitución define las causas que pueden llevar a la destitución de un mandatario.
Dispara contra Cunha
Por momentos emocionada también consideró “interesante” que no hay en su contra “ninguna acusación de desvíos de dinero, de enriquecimiento ilícito o de ocultar cuentas en el exterior”, que sí pesan contra quienes la juzgan, en alusión al presidente de la Cámara Baja, Eduardo Cunha, imputado por esos delitos.
Tras la votación en la Cámara Baja, el presidente del Senado, Renán Calheiros, recibió ayer la documentación relativa al proceso y hoy convocará al pleno para designar a los 21 miembros de una comisión que analizará el caso.
Esa comisión elaborará un informe, que en un plazo de unos veinte días deberá llegar al pleno, que decidirá si se instaura o no el juicio político contra Rousseff.
Brasil se encuentra en una situación de incertidumbre a menos de cuatro meses de la inauguración de los Juegos Olímpicos, con una Presidenta al borde de la destitución. En tanto que su vicepresidente, Michel Temer, acusado por Rousseff de “traidor”, prosigue sus contactos para formar un nuevo Gobierno.
