Santo Domingo, República
La República Dominicana rechazó hoy el informe que le incluye junto a Cuba y Venezuela en la 'lista negra' de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El capítulo IV del informe anual de 2016 que publicó ayer ese organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), señala los países donde las violaciones de derechos humanos requieren una 'atención especial' por parte de este organismo, con sede en Washington.
En el caso de República Dominicana, la CIDH alertó de 'la persistencia de la discriminación racial estructural contra personas de ascendencia haitiana, o percibidas como tales', lo cual ha impactado particularmente en 'el reconocimiento de la nacionalidad, deportaciones, expulsiones, operativos migratorios y expulsiones colectivas'.
En un comunicado, el ministro de Interior y Policía, Carlos Amarante Baret, dijo hoy 'no entender el interés de algunos organismos internacionales de negar los avances observados por el país en materia migratoria y de respeto a los derechos de las personas'.
El funcionario puso como ejemplo el Plan de Regularización de Extranjeros, puesto en marcha entre 2014 y 2015, y en el que, afirmó, 'se han respetado los derechos humanos y fundamentales de las 249.950 personas inscritas'.
De los inscritos, 244,366 son ciudadanos haitianos, agregó el funcionario, quien aseguró que a estos nacionales 'se les ha respetado su condición humana y cuyo registro se hizo gratuitamente y poseen un estatus migratorio debidamente regularizado.
De los que se acogieron a esta iniciativa, 229,934 ya cuentan con un carné 'que les asegura un estatus migratorio regularizado', apuntó el ministro dominicano.
Afirmó que el Plan de Regularización 'ha sido considerado como un modelo por organismos tan prestigiosos como la Organización Internacional de las Migraciones, la Confederación Regional de Migración, entre otras, así como por expertos en materia de migración'.
'Ha sido un plan humano, solidario y gratuito en el que el gobierno dominicano ha hecho una gran inversión', apuntó, e insistió en que 'nadie puede negar que el Plan de Regularización de Extranjeros fue ejecutado con apego estricto a los derechos humanos de los inscritos'.
La iniciativa se puso en marcha junto a la Ley Especial de Naturalización, que venció el 1 de febrero de 2015, tras una polémica sentencia del Tribunal Constitucional de septiembre de 2013, que estableció los parámetros para adquirir la nacionalidad.
