Ciudad de Guatemala.
Estudiantes, pequeños empresarios, indígenas, campesinos y colectivos sociales celebrarán este miércoles una manifestación 'multitudinaria' en diferentes puntos de Guatemala para exigir la renuncia del presidente, Jimmy Morales, y de los diputados, a quienes acusan de frenar la lucha contra la corrupción.
Esta protesta, convocada para la capital aunque será secundada en varias ciudades del interior del país, irá acompañada de un paro nacional al que ya anunciaron su adhesión empresas nacionales e internacionales.
Varias empresas, entre ella restaurantes y hoteles, han manifestaron su intención de no atender en sus instalaciones a los diputados que consideran corruptos.
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La marcha está emplazada por organizaciones como Justicia Ya, la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU), la Universidad San Carlos (estatal), la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), la Universidad del Valle, la Batucada del Pueblo, la Fundación Myrna Mack, la Coordinadora de Desarrollo Campesino (Codeca), el Instituto de Estudios Fiscales o la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).
La intención del Congreso de aprobar reformas en favor de la corrupción y el intento del presidente de expulsar del país al jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez, son dos hechos que han motivado la protesta de mañana y otras pacíficas ya celebradas.
Los organizadores tienen previsto movilizar a unas 100.000 personas para exigir la depuración en los organismo Ejecutivo y Legislativo.
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El 11 de septiembre, el Congreso no levantó la inmunidad a Morales para que fuera investigado por un supuesto delito de financiación ilícita electoral, en el que habría incurrido durante la campaña que le llevó al poder, según señaló el Ministerio Público y la Cicig.
Este martes los jefes de los bloques parlamentarios acordó hoy que durante la sesión plenaria del próximo jueves se volverá a discutir la posibilidad de retirarle el fuero a Morales para que pueda ser investigado por un supuesto delito de financiación electoral ilícita.
Los ciudadanos también exigirán con la manifestación de mañana la renuncia de los diputados por haber aprobado de forma sorpresiva dos reformas al Código Penal, una decisión que debieron anular apenas horas después debido al rechazo generalizado de la población y de las instituciones, incluidos los empresarios.
Una de las reformas eximía a los secretarios generales y candidatos de partidos políticos de su responsabilidad por la financiación electoral ilícita, y la otra elevaba de cinco a diez los años las penas susceptibles de conmutación. EFE
