Ciudad de Guatemala.
El presidente Jimmy Morales completa mañana el segundo de sus cuatro años de gobierno cuestionado por decisiones polémicas, como intentar expulsar a un jefe antimafias de la ONU que lo acusó de corrupción.
El excomediante de televisión de 48 años llega a la mitad de su mandato con la amenaza de perder su inmunidad para ser investigado por financiamiento ilegal en el partido que lo llevó al poder en 2015, el derechista FCN-Nación, un proceso que ha eludido en dos ocasiones gracias a la protección de su mayoría en el Congreso.
Morales asumió el cargo el 14 de enero de 2016 después de ganar las elecciones en segunda vuelta en noviembre de 2015, ante el rechazo de los guatemaltecos a los políticos tradicionales tras la caída del expresidente Otto Pérez, acusado de encabezar una red de corrupción.
El lema de Morales, “ni corrupto ni ladrón”, caló en el electorado, que esperaba de él un impulso a la lucha contra la corrupción emprendida por la fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala ( Cicig), un ente avalado por la ONU.
Pero a dos años de haberse colocado la banda presidencial las expectativas se esfumaron. “La gente creyó que lo nuevo significaba algo diferente pero al final ni era nuevo ni fue diferente”, dijo el analista político Sandino Asturias, del Centro de Estudios de Guatemala.
El desencanto de la población hacia Morales llegó muy rápido. Ocho meses después de jurar como presidente, el fantasma de la corrupción tocó su puerta cuando un hijo y uno de sus hermanos fueron acusados de defraudación tributaria y lavado de dinero.
El presidente Jimmy Morales completa mañana el segundo de sus cuatro años de gobierno cuestionado por decisiones polémicas, como intentar expulsar a un jefe antimafias de la ONU que lo acusó de corrupción.
El excomediante de televisión de 48 años llega a la mitad de su mandato con la amenaza de perder su inmunidad para ser investigado por financiamiento ilegal en el partido que lo llevó al poder en 2015, el derechista FCN-Nación, un proceso que ha eludido en dos ocasiones gracias a la protección de su mayoría en el Congreso.
Morales asumió el cargo el 14 de enero de 2016 después de ganar las elecciones en segunda vuelta en noviembre de 2015, ante el rechazo de los guatemaltecos a los políticos tradicionales tras la caída del expresidente Otto Pérez, acusado de encabezar una red de corrupción.
El lema de Morales, “ni corrupto ni ladrón”, caló en el electorado, que esperaba de él un impulso a la lucha contra la corrupción emprendida por la fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala ( Cicig), un ente avalado por la ONU.
Pero a dos años de haberse colocado la banda presidencial las expectativas se esfumaron. “La gente creyó que lo nuevo significaba algo diferente pero al final ni era nuevo ni fue diferente”, dijo el analista político Sandino Asturias, del Centro de Estudios de Guatemala.
El desencanto de la población hacia Morales llegó muy rápido. Ocho meses después de jurar como presidente, el fantasma de la corrupción tocó su puerta cuando un hijo y uno de sus hermanos fueron acusados de defraudación tributaria y lavado de dinero.
