El Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura denunció el viernes la situación de impunidad que, aseguró, vive Guatemala al no investigar y condenar graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado que sufrió el país y no resolver casos de desapariciones de miles de personas.
En su informe de 11 páginas, la ONU dijo también sentir 'preocupación' por las amenazas y ataques contra defensores de los derechos de los indígenas y los que trabajan en cuestiones relativas al derecho de la tierra, derechos laborales y medio ambiente.
'El comité nota con preocupación la información que da cuenta de que, entre enero y octubre del 2012, se habrían registrado 15 asesinatos de defensores de derechos humanos', dijo el informe.
'Le preocupan además los informes sobre el limitado número de condenas relativas a crímenes cometidos contra defensores de los derechos humanos' añadió. 'Asimismo, el comité nota con preocupación informaciones que dan cuenta de las campañas de desacreditación de sus actividades, incluso a través de los medios de comunicación, y del uso del sistema penal para perseguirles'.
El reporte menciona el proceso judicial contra el ex presidente guatemalteco Efraín Ríos Montt por genocidio. La Corte Constitucional del país anuló recientemente la condena de 80 años de cárcel para el ex mandatario.
La ONU criticó aquí el hecho de que, durante el proceso judicial contra Montt, autoridades de alto nivel manifestaran que no hubo genocidio. 'El comité está preocupado también por la información que da cuenta de que el ejército de Guatemala no coopera plenamente con las investigaciones', señala la ONU.
Guatemala vivió una guerra civil de 36 años que finalizó en 1996 y se cobró la vida de unas 200.000 personas. 'El comité enfatiza que la impunidad existente viola el derecho internacional de los derechos humanos', señala el informe.
El gobierno guatemalteco declaró este mes que no niega que hubieran violaciones a los derechos humanos, pero que no acepta la acusación de impunidad porque se han tomado medidas para compensar económicamente a cerca de 30.000 afectados y porque corresponde a los tribunales de justicia determinar el alcance de la amnistía contenida en la Ley de Reconciliación Nacional para casos concretos de infracciones.
'Respecto de señalamientos de acoso, persecución, amenazas, asesinatos y otras violaciones de derechos humanos sufridos por defensores de los derechos humanos, el gobierno rechaza que pueda de alguna manera considerarse autoría o tolerancia gubernamental', señaló un informe del 13 de mayo escrito por la Delegación de Guatemala ante el Comité contra la Tortura. 'El gobierno reafirma su compromiso para garantizar el trabajo de los defensores de los derechos humanos'.
Entre las recomendaciones del informe de la ONU destaca que Guatemala aplique la Ley de Reconciliación Nacional, 'que niega explícitamente la amnistía a los autores de los delitos de genocidio, tortura y desaparición forzada'.
