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Estudiantes denuncian genocidio en Nicaragua y huyen a Costa Rica

  • 12 agosto 2018 /

Miles de universitarios perseguidos por el régimen de Daniel Ortega huyen a Costa Rica en busca de asilo.

San José, Costa Rica.

Tras salir con vida de las protestas reprimidas con violencia por el Gobierno en Nicaragua, el estudiante universitario Leonardo Rivas huyó hacia Costa Rica para proteger su vida y tratar de impulsar acciones que ayuden a luchar contra lo que considera 'un genocidio genuino'.

'Salí de mi país por la situación, como también muchos otros están saliendo de allá. Estamos viviendo un genocidio genuino. El gobierno mata, reprime a diestra y siniestra y después nos echa la culpa de que somos terroristas', declaró Rivas en una entrevista con Efe.

El estudiante de 23 años se encuentra en Costa Rica desde hace poco más de una semana tras caminar por montañas, monte y caminos peligrosos con el fin de no ser interceptado por las fuerzas de seguridad o los grupos paramilitares que han reprimido con violencia las protestas.

Nicaragua

El universitario Leonardo Rivas escapó a Costa Rica buscando salvar su vida tras ser enlistado por las fuerzas orteguistas como 'terrorista'.


'Tuvimos que salir no por temor al Gobierno, sino por temor a perder nuestras vidas, porque queremos seguir en la lucha y sabemos que vivos sí podemos seguir reclamando nuestros derechos y denunciar ante el mundo lo que está aconteciendo en Nicaragua', manifestó Rivas.

El joven cursaba la carrera de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua ( UNAN) y se convirtió en parte de las protestas que tuvieron su génesis el 18 de abril pasado por reformas a la seguridad social.

Posteriormente, relató Rivas, la represión del Gobierno motivó a más personas a unirse a la lucha en favor de los derechos humanos, la democracia y para exigir la salida del presidente Daniel Ortega y de su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, quienes tienen ya 11 años en el poder.

'Estuve estudiando y atrincherado en la UNAN Managua. Desde que nos tomamos las calles empezamos a reclamar nuestros derechos, nuestra libertad y seguimos metidos en esta lucha. Al atrincherarnos en la UNAN siempre recibimos represión del Gobierno y ataques con armamento militar de alto calibre', contó Rivas.

El joven afirmó que fue parte de un grupo de estudiantes que se refugió en la Iglesia de la Divina Misericordia en julio pasado y que logró salir con vida 'por milagro divino', tras el ataque de 'asesinos a sueldo'.

'Salimos de la Catedral hacia casas de seguridad, pero ellos las estaban estudiando. Las casas fueron invadidas, capturaron a muchos compañeros que están presos, están siendo enjuiciados o han sido desaparecidos', relató.

Rivas afirmó que 'han asesinado a muchos compañeros allá. Las personas que están desaparecidas no están en ninguna cárcel, doy por hecho que las desapareció el Gobierno', aseveró.

El estudiante denunció que muchas personas están siendo capturadas en las fronteras, lo que les obliga a buscar ingresar a Costa Rica por puntos ciegos de manera irregular.

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El Gobierno de Costa Rica no conoce a ciencia cierta cuántos nicaragüenses han ingresado desde el inicio de la crisis, pero contabiliza hasta ahora 1.000 personas rechazadas que ingresaron por puntos ciegos de la extensa y porosa frontera.

Leonardo Rivas forma parte de los miles de nicaragüenses que han solicitado una cita para pedir refugio en Costa Rica, un país de 4,9 millones de habitantes donde la migración nicaragüense es frecuente desde la década de 1970 y donde viven unos 400.000 de forma legal, y otro tanto de manera irregular, según cálculos de organizaciones no gubernamentales.

Los datos oficiales indican que cerca de 10.000 ya han solicitado el refugio, y un número similar espera por ser entrevistados, aunque el Gobierno ha detectado hasta el momento que un 80 por ciento de ellos son nicaragüenses que ya residían en Costa Rica y buscan aprovechar la situación para regularizar su condición migratoria.

Desde el pasado 18 de abril, Nicaragua está sumergida en una crisis sociopolítica que ha dejado, según diferentes organizaciones pro derechos humanos, entre 317 y 448 muertos, pero el Gobierno cifra en 197 las víctimas. EFE