Un mes después de la desaparición de 43 estudiantes luego de un ataque de policías y narcotraficantes en el sur de México, sus compañeros de la escuela rural de magisterio reclamaron este domingo su presentación con vida y condenaron esos 'crímenes de lesa humanidad'.
El pasado 26 de septiembre, alumnos de esta humilde escuela de la región de Guerrero forjada en el socialismo recolectaban fondos en la ciudad de Iguala, a unos 200 km de Ciudad de México, cuando fueron atacados por policías municipales y miembros del cártel local Guerreros Unidos.
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Seis personas murieron en esos ataques, tres de ellas estudiantes, y 43 universitarios desaparecieron sin que se haya sabido nada de ellos desde entonces aunque, por testimonios de detenidos, las autoridades presumen que fueron asesinados y enterrados en fosas clandestinas.
'No permitamos que este crimen de lesa humanidad quede en la impunidad y que nuestros compañeros se agreguen a las estadísticas de los miles de desaparecidos que existen en nuestro país', que suman 22.000 desde el inicio del combate militar al narcotráfico en 2006, enfatizó el comité estudiantil.
La fiscalía general ha detenido a una cincuentena de personas por este caso -entre funcionarios, policías y narcotraficantes- y señala al ahora revocado y prófugo alcalde de Iguala, José Luís Abarca, de haber ordenado el ataque por temor a que los estudiantes boicotearan un acto oficial de su esposa, María de los Ángeles Pineda, señalada como principal operadora de Guerreros Unidos en la ciudad.
Su línea de investigación apunta a que el detenido líder de los Guerreros Unidos, Sidonio Casarrubias, habría decidido desaparecer a los jóvenes al creerlos erróneamente integrantes de un cártel rival.
