La guardia civil española llevaba a cabo este martes un operación en 13 provincias contra una 'trama' sospechosa de organizar el pago de sobornos por la adjudicación de contratos públicos, informó en un comunicado, afirmando prever más de 30 detenciones.
Bautizada 'Enredadera', la operación, realizada bajo una fuerte expectación mediática en un país donde proliferan los escándalos de corrupción, tenía como objetivo 'una organización criminal dedicada a la obtención fraudulenta de contratos públicos', informó la guardia civil.
Los agentes registraban locales de administraciones públicas, empresas y domicilios 'desde primeras horas de la mañana en las provincias de Sevilla, Córdoba, Jaén, Huelva, Cádiz, Granada, Badajoz, Madrid, Valencia, Zaragoza, Barcelona, Lanzarote y Las Palmas de Gran Canaria', precisó.
'Se prevé la detención de más de 30 personas' y 'en torno al mismo número de imputaciones', agregó el comunicado.
Los detenidos son sospechosos de 'delitos contra la administración pública, blanqueo de capitales, alteración de precio en concurso y subasta pública, falsedad en documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública y organización criminal', explicó.
'Con la ayuda de funcionarios y responsables políticos', la presunta 'trama organizada había logrado infiltrarse en numerosos organismos' públicos, según la guardia civil.
Dirigida por el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, en el sur del país, cuya titular, la juez Mercedes Alaya, es conocida en España por su pugnacidad en casos de corrupción, la operación se encontraba bajo 'secreto de las actuaciones', subrayó el comunicado.
A finales de octubre, la guardia civil ya había detenido a más de 50 personas -entre ellas alcaldes, empresarios y políticos- en otra redada, bautizada Operacion Púnica, contra una trama de corrupción acusada de conceder obras públicas por 250 millones de euros a cambio de comisiones ilegales.
En una España asfixiada por una crisis económica que desde 2008 dejó sin empleo y sin hogar a cientos de miles de personas, crece la intransigencia con los escándalos de corrupción, que afectan a partidos de todo el espectro político, a sindicalistas o a banqueros.
Numerosos cargos públicos dimitieron o fueron destituidos a raíz de la Operación Púnica y el presidente del gobierno, el conservador Mariano Rajoy, anunció que defenderá el 27 de noviembre en el Congr
