Ciudad de México, México. Decenas de miles de personas participaron ayer en un mitin del excandidato presidencial de izquierda en México Andrés Manuel López Obrador, el que convocó a una marcha nacional para rechazar las reformas a los sectores energético y hacendario al calificarlas como una “traición” a la población.
“Podemos impedir con la movilización ciudadana pacífica la privatización del sector energético y los aumentos de los impuestos”, dijo López Obrador ante cientos de miles de personas que se congregaron en la céntrica avenida Juárez.
El dirigente afirmó que las iniciativas de Peña Nieto para el gigante petrolero Pemex, que contempla contratos de utilidad compartida con empresas extranjeras, y el sector público, que serán presentadas públicamente ayer, representan “un acto de traición a la patria”.
López Obrador provocó una ovación entre los manifestantes al comparar esas dos reformas con algunos episodios históricos, como la venta que hizo a mediados del siglo XVIII el entonces presidente Antonio López de Santa Ana a Estados Unidos de una buena parte del territorio mexicano que se constituyó en lo que hoy es el estado de Texas. “¡La patria no se vende, se ama y se defiende!”, corearon algunos de los asistentes al mitin, muchos de los cuales portaban playeras del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) que impulsa López Obrador al abandonar el Partido de la Revolución Democrática (PRD) tras quedar en segunda posición en las elecciones presidenciales de julio de 2012.
Izquierda
“La intención es que las empresas se queden hasta con el 50%. Se trata de un vil y descarado atraco”, afirmó López Obrador ante las alrededor de 44,000 personas que congregó, según un cálculo de la Policía capitalina.
Los acuerdos de utilidad compartida propuestos por el Presidente establecen que el sector privado tome el riesgo de inversión en el proceso de exploración y extracción y que el Estado decida el porcentaje de la utilidad que le toca al inversionista, que normalmente no debe superar el 50%, ha explicado el Gobierno, que recalca que el control de los hidrocarburos y de sus rentas seguirán en poder del Estado. AFP
