San José.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ( CorteIDH) celebrará del 21 de agosto al 1 de septiembre, en su sede en Costa Rica, un periodo de sesiones en el que efectuará audiencias por una demanda contra el Estado costarricense y otra por el asesinato de un periodista en Colombia.
La CorteIDH informó hoy en un comunicado de prensa que el 22 y 23 de agosto llevará a cabo la audiencia por el caso 'Carvajal Carvajal contra Colombia', el cual se relaciona al asesinato en 1998 del periodista Nelson Carvajal por motivos aparentemente relacionados a su trabajo.
Según la demanda contra el Estado, ha existido 'falta de una investigación seria, diligente y oportuna sobre lo sucedido, en un contexto de supuestas graves amenazas y hostigamiento a los familiares del periodista que provocaron su salida de Colombia', indicó la Corte.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ( CIDH), que se encarga de elevar los casos a la Corte, determinó en la demanda que existen elementos suficientes para concluir que el asesinato de Carvajal habría sido cometido para silenciar su trabajo en la revelación de actos ilícitos supuestamente cometidos bajo el amparo de autoridades locales.
La CIDH también alega que en el crimen participaron agentes estatales.
La demanda acusa al Estado de no adoptar las medidas necesarias de protección para los familiares del periodista y testigos del caso, así como de no llevar a cabo procedimientos adecuados en la recolección de pruebas, no avanzar en la investigación ni identificar a los responsables.
La otra audiencia pública que sostendrá la CorteIDH es sobre una demanda contra Costa Rica por la alegada inexistencia de un recurso que permitiera obtener una revisión amplia de las condenas penales impuestas a 17 personas.
Según la demanda, al momento de las condenas, el recurso existente habría sido el recurso de casación, el cual se habría encontrado limitado.
El Estado costarricense asegura que el fondo de esta demanda ya fue resuelto por la CorteIDH con el caso 'Herrera Ulloa', por el que sentenció a Costa Rica en 2004.
En ese fallo, la CorteIDH ordenó a Costa Rica establecer un recurso de apelación de sentencias en segunda instancia posterior al de casación.
Sin embargo, la Corte ha decidido darle trámite a la nueva demanda, la cual consiste en ocho casos que tienen que ver con 17 personas condenadas por diversos delitos antes de las reformas legislativas que establecieron el recurso de apelación en segunda instancia.
Los demandantes de este caso son Manfred Amrhein, Ronald Fernández, Carlos González, Carlos Osborne y Arturo Fallas, sentenciados en 2001 por desvío de fondos públicos del Banco Anglo.
Además, Rafael Rojas, sentenciado por uso de documento falso, y los colombianos Carlos Yépez, Luis Archbold, Enrique Archbold, Fernando Saldarriaga y Miguel Valverde (narcotráfico).
También, Jorge Martínez (desvío de fondos públicos), Guillermo Rodríguez y Martín Rojas (delitos sexuales), Manuel Hernández (violación a un menor de edad), Miguel Mora (narcotráfico) y Damas Vega (tentativa de homicidio calificado y robo agravado).
En este periodo de sesiones los jueces también deliberarán en privado sobre la posibilidad de dictar sentencia en varios casos, llevarán a cabo supervisiones de sentencias y analizarán opiniones consultivas.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ( CorteIDH) celebrará del 21 de agosto al 1 de septiembre, en su sede en Costa Rica, un periodo de sesiones en el que efectuará audiencias por una demanda contra el Estado costarricense y otra por el asesinato de un periodista en Colombia.
La CorteIDH informó hoy en un comunicado de prensa que el 22 y 23 de agosto llevará a cabo la audiencia por el caso 'Carvajal Carvajal contra Colombia', el cual se relaciona al asesinato en 1998 del periodista Nelson Carvajal por motivos aparentemente relacionados a su trabajo.
Según la demanda contra el Estado, ha existido 'falta de una investigación seria, diligente y oportuna sobre lo sucedido, en un contexto de supuestas graves amenazas y hostigamiento a los familiares del periodista que provocaron su salida de Colombia', indicó la Corte.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ( CIDH), que se encarga de elevar los casos a la Corte, determinó en la demanda que existen elementos suficientes para concluir que el asesinato de Carvajal habría sido cometido para silenciar su trabajo en la revelación de actos ilícitos supuestamente cometidos bajo el amparo de autoridades locales.
La CIDH también alega que en el crimen participaron agentes estatales.
La demanda acusa al Estado de no adoptar las medidas necesarias de protección para los familiares del periodista y testigos del caso, así como de no llevar a cabo procedimientos adecuados en la recolección de pruebas, no avanzar en la investigación ni identificar a los responsables.
La otra audiencia pública que sostendrá la CorteIDH es sobre una demanda contra Costa Rica por la alegada inexistencia de un recurso que permitiera obtener una revisión amplia de las condenas penales impuestas a 17 personas.
Según la demanda, al momento de las condenas, el recurso existente habría sido el recurso de casación, el cual se habría encontrado limitado.
El Estado costarricense asegura que el fondo de esta demanda ya fue resuelto por la CorteIDH con el caso 'Herrera Ulloa', por el que sentenció a Costa Rica en 2004.
En ese fallo, la CorteIDH ordenó a Costa Rica establecer un recurso de apelación de sentencias en segunda instancia posterior al de casación.
Sin embargo, la Corte ha decidido darle trámite a la nueva demanda, la cual consiste en ocho casos que tienen que ver con 17 personas condenadas por diversos delitos antes de las reformas legislativas que establecieron el recurso de apelación en segunda instancia.
Los demandantes de este caso son Manfred Amrhein, Ronald Fernández, Carlos González, Carlos Osborne y Arturo Fallas, sentenciados en 2001 por desvío de fondos públicos del Banco Anglo.
Además, Rafael Rojas, sentenciado por uso de documento falso, y los colombianos Carlos Yépez, Luis Archbold, Enrique Archbold, Fernando Saldarriaga y Miguel Valverde (narcotráfico).
También, Jorge Martínez (desvío de fondos públicos), Guillermo Rodríguez y Martín Rojas (delitos sexuales), Manuel Hernández (violación a un menor de edad), Miguel Mora (narcotráfico) y Damas Vega (tentativa de homicidio calificado y robo agravado).
En este periodo de sesiones los jueces también deliberarán en privado sobre la posibilidad de dictar sentencia en varios casos, llevarán a cabo supervisiones de sentencias y analizarán opiniones consultivas.
