Un juez federal de Texas dictaminó este viernes que el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) violó la ley estadounidense cuando se creó.
El juez de distrito en Texas Andrew Hanen se puso del lado de un grupo de estados, liderados por Texas, que pidió el fin al programa argumentando que fue creado ilegalmente en 2012 por el expresidente Barack Obama (2009-2017).
Según los datos revelados por el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) en el segundo trimestre del año fiscal 2021 (enero a marzo de 2021), la agencia recibió 49,921 nuevas solicitudes de DACA.
|
En su conclusión, Hanen dijo que el Departamento de Seguridad Interna (DHS) violó el Acta de Proceso Administrativo (APA) con la creación de DACA y su operación continuada.
TE PUEDE INTERESAR: Ofrecen ayuda a indocumentados para regularizarse tras aprobación de reforma de Biden
El juez estuvo de acuerdo con una parte de las demanda de Texas, presentada en 2018, junto a otros ocho estados republicanos y negó las solicitudes de los defensores del programa, encabezados por el Fondo México Americano para la Educación y la Defensa Legal (MALDEF), que representa a los inmigrantes en este caso.
En el escrito de 77 páginas, Hanen se refirió a una decisión tomada por él mismo en 2015 cuando falló en contra de un programa gemelo y que buscaba cobijar a los padres de los 'soñadores', pero que nunca llegó a entrar en vigor por el fallo del juez texano.
También citó el fallo del Tribunal Supremo de Justicia de 2018 sobre el programa, que echó abajo las acciones tomadas por el expresidente Donald Trump (2017-2021), por no seguir los mecanismos establecidos en la ley cuando interrumpió en 2017 DACA. Sin embargo, no valoró la legalidad del programa.
A pesar de su fallo, Hanen dejó claro que su decisión no requiere que el Gobierno Biden tome 'ninguna acción de deportación o criminal en contra de los beneficiarios de DACA', y permitirá que se renueven los actuales amparos migratorios, que dan un permiso temporal de residencia y trabajo para sus beneficiarios.
En opinión del juez, “no sería justo finalizar de repente un programa gubernamental que ha creado tan notable dependencia”, y que esta ha podido aumentar con el paso de los años. El desafío legal emprendido por Paxton fue apoyado por los estados de Alabama, Arkansas, Kansas, Louisiana, Mississippi, Nebraska, South Carolina, y West Virginia.
