Arizona se ha convertido en el epicentro del conflicto migratorio en Estados Unidos: Aquí los indocumentados son blanco de redadas y de las leyes más severas del país, por lo que este colectivo espera con entusiasmo la pronta aprobación de una reforma migratoria que ayude a estabilizar la convivencia.
'Arizona tiene mucho que ganar, más que otros estados, si se aprueba la reforma', resumió en una entrevista con Efe Lydia Guzmán, directora del comité de inmigración de la Liga de Ciudadanos Americanos Unidos (LULAC, en inglés) en este estado fronterizo con México.
En su opinión, los más interesados en que se apruebe una reforma migratoria son los propios departamentos policiales del estado de Arizona, ya que 'han perdido la confianza' de la comunidad hispana.
'Hemos tenidos casos de mujeres víctimas de violencia doméstica que nos dicen que sus esposos las amenazan con llamar a la 'migra' (Inmigración) si los denuncian o mujeres que no denuncian el acoso sexual en su empleo por la misma razón', enfatizó Guzmán.
En 2010 Arizona aprobó la controvertida ley estatal SB1070 y, tras una larga lucha legal, el Tribunal Supremo de EEUU permitió que entrara en vigor la sección 2(b) de esta legislación, que autoriza a los policías cuestionar el estatus migratorio de las personas que 'sospechan' que están de manera ilegal en el país.
La comunidad inmigrante, y los latinos en particular, han vivido atemorizados ante los operativos de la Oficina del Alguacil del Condado Maricopa (MCSO), Joe Arpaio, quien continuamente ordenaba redadas en negocios locales que finalizaban con el arresto de trabajadores indocumentados.
Arpaio anunció el mes pasado la suspensión de estos operativos, después de que un juez federal dictaminara que el alguacil discriminó con sus prácticas a los residentes hispanos del condado.
'Creemos que todos estos abusos en contra de los migrantes van a parar si se aprueba una reforma migratoria. Los indocumentados finalmente podrán salir de las sombras y obtener documentos tan esenciales como es una licencia de conducir', dijo Guzmán sobre un documento identificativo que en este país equivale a una cédula o carné de identidad.
Los grupos defensores de los derechos de los inmigrantes también confían en que la aprobación de una reforma migratoria impulsará igualmente la economía de este estado, que cuenta con una población de unos 6,5 millones de habitantes, de los que más del 30 % son hispanos.
En Arizona hay muchos negocios, especialmente en el ámbito de la construcción, que tuvieron que cerrar o cayeron drásticamente porque perdieron a sus trabajadores tras la aprobación de leyes como la SB1070.
'Parece que la economía está mejorando, la construcción de viviendas ha comenzado de nuevo, pero ahora no hay trabajadores. Todo esto cambiaría con una reforma migratoria', coincidió en apuntar Guzmán.
Arizona también fue uno de los estados pioneros en el país en establecer una ley estatal que obliga a todos los negocios a utilizar el programa federal e-verify para comprobar el estatus migratorio de los nuevos trabajadores que contratan.
Para activistas como Petra Falcón, directora ejecutiva de Promesa Arizona, una reforma migratoria también vendría a 'recomponer' un sistema que, en su opinión, ha estado abusando de los cerca de medio millón de inmigrantes indocumentados que residen en este estado, según cifras del Centro Hispano Pew.
'Hemos sufrido la política de la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, y la del partido republicano, representado por personas como Rusell Pearce (principal impulsor de la ley SB1070) y Joe Arpaio, quienes parece que tienen un 'odio' por los inmigrantes que se ha reflejado en estas leyes', explicó Falcón.
Indicó que, aunque existe en Arizona un cierto sentimiento 'antiinmigrante', también hay un gran espíritu de lucha por parte de diversas organizaciones y miembros de la comunidad que trabajan en la defensa de los derechos civiles y para impulsar el voto hispano.
'No podemos olvidar tampoco el factor humano. Una reforma migratoria frenaría finalmente tantas deportaciones y separaciones de familias a consecuencia de la aplicación de leyes como la SB1070 y el abuso de poder de agencias policiacas como la de Arpaio', finalizó.
