Barcelona, España
El descabezamiento del movimiento independentista catalán, con sus líderes encarcelados o fuera del país, dejó un vacío de poder que los militantes más radicales aprovechan para intensificar sus acciones de protesta con cortes de carreteras o enfrentamientos con la policía.
La acción judicial, encarcelando nueve líderes independentistas y reclamando la extradición de otros seis, “genera incentivos a la vía dura” del separatismo, explica Berta Barbet, investigadora política de la Universidad Autónoma de Barcelona.
“Como el conflicto es cada vez más crudo y la división social más grande, el peligro de radicalización es cada vez más claro”, advierte.
“Aunque no creo que se acabe radicalizando del todo”, dice, descartando un retorno de la violencia armada a España como en tiempos del grupo separatista vasco ETA, responsable de 829 muertes, o el catalán Terra Lliure, cuyos atentados en los años 1980 causaron una víctima mortal.
Después de años de manifestaciones pacíficas en la región, las protestas por la detención del ex presidente Carles Puigdemont en Alemania desencadenaron el domingo altercados entre policías e independentistas que dejaron un centenar de heridos.
| Desde la cárcel en Neumünster, el catalán asegura que no desfallecerá en sus ideales.
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En Barcelona, el intento de ocupar la delegación del gobierno español culminó el domingo con fuertes cargas policiales, rostros ensangrentados, lanzamientos de botellas, vallas y huevos contra los agentes y contenedores quemados en el centro de la ciudad.
Y pese a los llamados a la calma de algunos dirigentes, estas protestas convocadas por grupos radicales llamados Comités de Defensa de la República (CDR) continuaban el martes con múltiples cortes de carreteras.
“La primavera catalana ha estallado”, señalaron en un comunicado el lunes, evocando el ciclo de protestas surgidas en los países árabes en 2011.
“Hemos superado un punto de no retorno (...) Nos reapropiaremos de las calles y pararemos el país”, añadieron llamando a una huelga general como las celebradas durante la crisis independentista del pasado otoño. Entonces cortaron decenas de carreteras por toda Cataluña, provocaron el cierre de lugares turísticos como la basílica de la Sagrada Familia de Barcelona o bloquearon la conexión ferroviaria de alta velocidad en dirección a Madrid y Francia.
| La acción judicial “hace que el movimiento social se active de nuevo en las calles, se refuerce y se tense más”, advierte Jordi Amat, autor de varios ensayos sobre el proceso independentista.
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En busca de la desestabilización
Según él, el fracaso de la vía de ruptura unilateral en octubre, que terminó con la intervención de la autonomía catalana y el procesamiento de sus líderes, modificó la estrategia separatista.
Si hasta entonces buscaba “acumular legitimidad” a nivel internacional, ahora “la única estrategia que puede utilizar es la desestabilización” del Estado español, explica.
Esta intención se evidencia, según su punto de vista, en el empeño de los independentistas, con mayoría absoluta en el Parlamento catalán desde diciembre, de proponer candidatos a presidente con problemas judiciales, como el mismo Puigdemont.
“Para muchos sectores del independentismo, esta desestabilización también debe llevarse a la calle (...) Hay una voluntad de paralización de la mecánica del Estado”, afirma.
Desde los dos principales partidos, PDeCAT (conservador) y ERC (progresista), intentan tímidamente rebajar la tensión a finales de 2017, mientras que la menor de las formaciones separatistas, la CUP, propone intensificar la desobediencia a Madrid.
Pero los primeros están condicionados a las posturas cada vez más rupturistas de su líder Puigdemont y los segundos se vieron sacudidos por el encarcelamiento de su líder Oriol Junqueras y la marcha al extranjero de su número dos, Marta Rovira.
“Los líderes que podían encauzar nuevamente el movimiento han quedado fuera de juego y esto es un escenario que permite a la CUP tirar adelante con su estrategia”, asegura Amat. Aun así, Berta Barbet opina que la amenaza judicial, con cargos punibles con hasta 30 años de cárcel para varios procesados, también pueden desincentivar la vía radical.
