Los Ángeles, Estados Unidos.
El nuevo fallo judicial dio a los “ dreamers” su tercera victoria frente a la cruzada del presidente Donald Trump para eliminar el programa que los protege de la deportación.
Pero la incertidumbre continuará mientras no tengan una solución permanente, por ahora lejana en el Congreso.
El juez John Bates, de Washington DC, calificó de “ilegal”, “arbitraria” y “caprichosa” la orden de Trump de poner fin al Daca y ordenó al gobierno mantenerlo y, por primera vez, reabrirlo a nuevos aplicantes si en 90 días no logra explicar mejor por qué estima que el programa es ilegal.
El juez amenazó con anular el memo que puso fin al programa el 5 de septiembre de 2017 y ordenará aceptar a miles de nuevos postulantes elegibles para el Daca.
“Celebramos la cordura de nuestro sistema judicial”, dijo Luz Gallegos, del centro de ayuda legal Todec. “Con todo lo que ocurre a nivel federal, siempre es bueno recordar que la justicia siempre se impone”.
¿Daca sigue funcionando?
Parcialmente sí, luego que otros dos jueces de Nueva York y California ordenaran reabrir el proceso para que quienes ya tenían Daca pudieran renovar sus permisos.
Pero el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EUA ( Uscis) no está aceptando aplicaciones a quienes buscan el beneficio por primera vez. Cuando el gobierno de Trump anunció el fin del Daca, indicó que se recibirían aplicaciones hasta el 5 de octubre para procesarlas antes del fin del programa, previsto para el 5 de marzo, y en el primer trimestre, Uscis renovó 45,416 permisos y otorgó por primera vez otros 9,709.
Un 93% de los 693,850 beneficiarios del Daca son originarios de Latinoamérica (un 80% del total provienen de México).
Según el Migration Policy Institute, 3,6 millones de indocumentados fueron traídos a EUA antes de los 18 años y entran en la categoría de “dreamers”, aunque no todos tienen Daca.
¿La decisión final será de la Corte Suprema?
“Tal vez”, estima el profesor de derecho de la universidad de Cornell, Stephen Yale-Loehr.
El fallo del juez Bates es el tercero contra la decisión de Trump de eliminar Daca. Los otros dos fueron apelados por el gobierno y es muy probable que terminen en la Corte Suprema, indicó Yale-Loehr, experto en derecho migratorio.
El máximo tribunal del país -de mayoría conservadora- rechazó el pedido del gobierno de pronunciarse sobre el asunto directamente, sin que éste pasara por cortes de apelaciones. El Supremo ya examina el decreto antiinmigración de Trump, que afecta principalmente a países de mayoría musulmana.
¿Y el Congreso?
El Congreso tiene más de 15 años sin ponerse de acuerdo sobre qué hacer con estos jóvenes ni con el resto de los 10 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos.
Los legisladores del partido Demócrata en las dos cámaras del Congreso trataron este año de atar la aprobación de una ley para los “dreamers” al presupuesto, incluso cediendo a la exigencia de Trump de construir un muro en la frontera con México. Pero al final no tuvieron éxito.
El Senado debatió igualmente un proyecto de ley migratoria en febrero, pero tampoco fue aprobado.
“Está claro que el Congreso necesita promulgar una solución permanente” y “poner fin a la incertidumbre que gobierna la vida de los jóvenes inmigrantes, sus familias y la comunidad”, escribió la ONG National Immigration Law Center tras el fallo de Bates.
Pero con las elecciones de medio mandato a la vuelta de la esquina, en noviembre, “parece poco probable que el Congreso aborde de nuevo el tema del Daca”, indicó Yale-Loehr. Dependerá de los resultados, que el legislativo incluya este tema en su agenda de 2019.
El nuevo fallo judicial dio a los “ dreamers” su tercera victoria frente a la cruzada del presidente Donald Trump para eliminar el programa que los protege de la deportación.
Pero la incertidumbre continuará mientras no tengan una solución permanente, por ahora lejana en el Congreso.
El juez John Bates, de Washington DC, calificó de “ilegal”, “arbitraria” y “caprichosa” la orden de Trump de poner fin al Daca y ordenó al gobierno mantenerlo y, por primera vez, reabrirlo a nuevos aplicantes si en 90 días no logra explicar mejor por qué estima que el programa es ilegal.
El juez amenazó con anular el memo que puso fin al programa el 5 de septiembre de 2017 y ordenará aceptar a miles de nuevos postulantes elegibles para el Daca.
“Celebramos la cordura de nuestro sistema judicial”, dijo Luz Gallegos, del centro de ayuda legal Todec. “Con todo lo que ocurre a nivel federal, siempre es bueno recordar que la justicia siempre se impone”.
¿Daca sigue funcionando?
Parcialmente sí, luego que otros dos jueces de Nueva York y California ordenaran reabrir el proceso para que quienes ya tenían Daca pudieran renovar sus permisos.
Pero el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EUA ( Uscis) no está aceptando aplicaciones a quienes buscan el beneficio por primera vez. Cuando el gobierno de Trump anunció el fin del Daca, indicó que se recibirían aplicaciones hasta el 5 de octubre para procesarlas antes del fin del programa, previsto para el 5 de marzo, y en el primer trimestre, Uscis renovó 45,416 permisos y otorgó por primera vez otros 9,709.
Un 93% de los 693,850 beneficiarios del Daca son originarios de Latinoamérica (un 80% del total provienen de México).
Según el Migration Policy Institute, 3,6 millones de indocumentados fueron traídos a EUA antes de los 18 años y entran en la categoría de “dreamers”, aunque no todos tienen Daca.
¿La decisión final será de la Corte Suprema?
“Tal vez”, estima el profesor de derecho de la universidad de Cornell, Stephen Yale-Loehr.
El fallo del juez Bates es el tercero contra la decisión de Trump de eliminar Daca. Los otros dos fueron apelados por el gobierno y es muy probable que terminen en la Corte Suprema, indicó Yale-Loehr, experto en derecho migratorio.
El máximo tribunal del país -de mayoría conservadora- rechazó el pedido del gobierno de pronunciarse sobre el asunto directamente, sin que éste pasara por cortes de apelaciones. El Supremo ya examina el decreto antiinmigración de Trump, que afecta principalmente a países de mayoría musulmana.
¿Y el Congreso?
El Congreso tiene más de 15 años sin ponerse de acuerdo sobre qué hacer con estos jóvenes ni con el resto de los 10 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos.
Los legisladores del partido Demócrata en las dos cámaras del Congreso trataron este año de atar la aprobación de una ley para los “dreamers” al presupuesto, incluso cediendo a la exigencia de Trump de construir un muro en la frontera con México. Pero al final no tuvieron éxito.
El Senado debatió igualmente un proyecto de ley migratoria en febrero, pero tampoco fue aprobado.
“Está claro que el Congreso necesita promulgar una solución permanente” y “poner fin a la incertidumbre que gobierna la vida de los jóvenes inmigrantes, sus familias y la comunidad”, escribió la ONG National Immigration Law Center tras el fallo de Bates.
Pero con las elecciones de medio mandato a la vuelta de la esquina, en noviembre, “parece poco probable que el Congreso aborde de nuevo el tema del Daca”, indicó Yale-Loehr. Dependerá de los resultados, que el legislativo incluya este tema en su agenda de 2019.
