Ciudad de Guatemala, Guatemala
El excandidato a la Presidencia de Guatemala en 2015 Luis Fernando Pérez, vinculado a un caso de corrupción denominado 'Asalto al Ministerio de Salud Pública', se entregó este lunes a la justicia.
Pérez, quien aspiró a la primera magistratura del país por el Partido Republicano Institucional (PRI), ya desaparecido, tenía una orden de captura por los delitos de asociación ilícita, fraude, tráfico de influencias, cohecho activo y lavado de dinero.
Según la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público (MP), el exdiputado del también desaparecido partido Frente Republicano Guatemalteco (FRG), que gobernó el país entre 2000-2004 con Alfonso Portillo, fue uno de los cabecillas que estableció un porcentaje de comisiones para cada integrante de la estructura y para él mismo.
Pérez se puso a disposición del Juzgado de Mayor Riesgo D, que preside la jueza Erika Aifán.
Durante los operativos realizados en el marco de esta causa el pasado 16 de julio fueron detenidas 19 personas implicadas en este caso, por el que, según la investigación, serán citadas también otras 84 a primera declaración y se solicitaron antejuicios (procesos de desafuero) contra 10 diputados.
De acuerdo con la investigación realizada por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) y la Cicig, la estructura criminal operó entre 2012-2014, durante el gobierno del general retirado Otto Pérez Molina, detenido y procesado en 2015 por otros casos de alto impacto de corrupción.
La estructura que operó dentro del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 'estaba plenamente organizada y evidenciaba conductas ilícitas que ocasionaron un detrimento importante del erario público mediante la asignación de contratos con el fin de obtener un beneficio individual ilícito'.
Su funcionamiento comenzó con el nombramiento de Jorge Villavicencio Álvarez como ministro de Salud, quien, junto a su hija Cándida Saraí y el excandidato presidencial (Pérez), lideraron la puesta en marcha de la organización integrada por más de 50 personas entre funcionarios públicos y particulares.
La estructura se concentró en el cobro de comisiones ilícitas por la construcción y remozamiento de hospitales y centros de salud, por la adquisición de bienes y servicios y la contratación de 450 plazas (a través de modalidades de favores políticos, pagos mensuales y plazas fantasmas).
Durante la investigación se contabilizaron más de 50 eventos irregulares de reposición y reparación a hospitales y centros de salud, por los que los integrantes de la trama habrían recibido más de siete millones de dólares en sobornos. EFE
