Washington, Estados Unidos.
El Departamento de Estado de Estados Unidos reveló ayer un nuevo informe que divulga la identidad de varios funcionarios señalados por supuestamente haber cometido actos de corrupción en Honduras, El Salvador y Guatemala.
El documento, también conocido como Ley Magnitsky, fue presentado al Congreso de EEUU por representantes del Departamento de Estado, que 'en coordinación con otras agencias, continúa explorando opciones para imponer sanciones a los funcionarios señalados por corrupción', según cita el informe.
En el nuevo listado de funcionarios que 'han sido señalados de haber cometido o haber facilitado actos de corrupción' se encuentran 11 políticos hondureños, que se suman a los 10 que ya habían sido divulgados el pasado 3 de abril en un primer informe del Departamento estadounidense.
Este nuevo listado incluye un ex presidente, ex alcaldes y varios diputados, entre los que se encuentran:
-Rafael Leonardo Callejas: Ex presidente de Honduras, fue acusado en 2015 en cortes estadounidenses por su conexión con el caso de corrupción de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), y se declaró culpable en 2016 de haber aceptado $500,000 en sobornos.
-Lena Gutiérrez: Exvicepresidenta del Congreso Nacional, fue arrestada en 2015 por cargos de fraude, crímenes contra la salud pública y falsificación de documentos en un esquema para defraudar al sistema de salud pública que sobrepasó los 120 millones de dólares.
-Óscar Kilgore: Ex alcalde de San Pedro Sula, fue acusado en 2017 por enriquecimiento ilícito y malversación de fondos públicos, siendo la tercera vez que enfrentaba cargos desde que dejó la alcaldía en 2006. Un caso de 2015 concluyó con un veredicto de culpabilidad por malversación.
-Sandra Deras: Ex alcaldesa de Choloma, fue acusada por abuso de autoridad, falsificación y malversación de fondos públicos. Fue sentenciada en 2015 por abuso de autoridad y malversación de 1.3 millones de dólares de un proyecto de construcción de carretera y sentenciada a medidas sustitutivas en lugar de la prisión.
-Gladys Aurora López: Diputada del Congreso Nacional, fue acusada en 2018 de malversación de 879 mil dólares de fondos públicos.
-Fredy Renán Najera Montoya: Ex diputado del Congreso Nacional, fue acusado en 2018 en cortes estadounidenses, de supuestamente haber usado su posición para facilitar el tráfico de drogas y la corrupción. También está acusado de haber planeado en 2009 el asesinato del zar antidrogas Julián Arístides González.
-Jorge Rivera Avilés: Expresidente de la Corte Suprema de Justicia, fue acusado en 2018 de 131 cargos de abuso de autoridad y 60 cargos de malversación de fondos públicos. Los exmiembros del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial (jueces) Celio Arístides Aguilera, José Francisco Quiroz, Liliam Maldonado y Julio Cesar Barahona también fueron acusados por malversación.
En el primer reporte del Departamento de Estado figuraban otros diez ex funcionarios hondureños, incluyendo a Mario Zelaya, Javier Pastor, Teodoro Bonilla, Carlos Montes, José Boris Espinal, Nelson Abdalah Ghawi, Darío Mejía, Yani Rosenthal y Yankel Rosenthal.
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El reporte destaca que 'los avances en el combate a la corrupción y a la impunidad en Honduras en los últimos años gracias a las investigaciones conjuntas de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) y de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad Corrupción (Ufecic).
Sin embargo, el reporte anticipa que 'prevalecen serios desafíos, incluyendo altos índices de impunidad y las acciones del Congreso Nacional de Honduras para socavar las investigaciones a través de legislaciones que buscan debilitar la habilidad de la MACCIH y la UFECIC para desarrollar y enjuiciar casos de corrupción', destaca el informe del Departamento de Estado.
La congresista demócrata, Norma Torres, destacó la divulgación del nuevo listado afirmando que 'este nuevo informe es un paso en la dirección correcta. La Administración Trump finalmente está comenzando a reconocer el grado de corrupción de alto nivel en el Triángulo Norte, especialmente en Guatemala. Más importante aún, me alientan saber que la administración ha tomado medidas contra, al menos, 85 funcionarios corruptos este año”.
