Las violaciones a los derechos humanos de los migrantes en México se han incrementado drásticamente a raíz de que el gobierno reforzó los operativos en sus fronteras por una ola migratoria en Estados Unidos el año pasado, reveló este miércoles un reporte de varias ONG.
El plan Frontera Sur que implementó el gobierno mexicano en julio de 2014 'ha significado violación a los derechos humanos, un cierre virtual de la frontera, una retención masiva y por supuesto una deportación masiva de personas migrantes', denunció el sacerdote Tomás González, director de un albergue humanitario para migrantes.
'Ha sido una herramienta para hacer daño a las personas migrantes y el brazo ejecutor es el Instituto Nacional de Migración, (...) que se ha policializado' pese a que la estrategia gubernamental fue presentada como un plan 'en favor de los derechos de los migrantes (...) y el desarrollo social' de la zona, abundó.
Un total de 97.254 migrantes fueron aprehendidos en México entre julio de 2013 y junio de 2014 contra los 168.280 retenidos en el mismo lapso del año siguiente, lo que representa un aumento de 73%, indica el informe 'Un Camino Incierto', realizado por nueve ONG, entre ellas la estadounidense Washington Office on Latin America (WOLA).
Impunidad latente
Según el informe, se han documentado secuestros, extorsiones, robos y agresiones durante los operativos gubernamentales 'que se llevan a cabo cada vez más en colaboración con instancias de seguridad', y la gran mayoría de esos delitos siguen impunes a pesar de la creación de fiscalías especializadas.
En el estado de Oaxaca (sur) sólo ha habido cuatro sentencias para delitos contra migrantes en los últimos cuatro años, pese a haber recibido 383 denuncias.
Por otro lado, el informe deplora que las autoridades participen en uno de cada cinco delitos contra el migrante, según cifras de La Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes.
El reporte asegura que la Policía Federal es la fuerza que más participa de estos delitos (29,8%), seguida de las policías preventivas municipales (22,8%) y las policías estatales (7,4%).
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Pero la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha emitido pocas recomendaciones a las instituciones denunciadas: sólo cuatro fueron enviadas en relación con las 1.617 quejas recibidas de diciembre de 2012 a junio de 2015.
