La decisión del Congreso de Guatemala de crear una entidad parlamentaria para fiscalizar la labor de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente que durante 12 años ha contribuido en la lucha anticorrupción, ha creado controversia en el país.
Si bien algunas organizaciones estudian interponer recursos legales contra este ente, que deberá concluir su labor el 10 de enero -antes de que tome posesión de sus curules el nuevo pleno-, muchos han cuestionado a los diputados que la integran.
Todos han sido aliados al oficialismo desde distintos ámbitos y las organizaciones sociales los acusan de formar parte del 'Pacto de corruptos', una organización que integran otros parlamentarios y que busca minar la lucha anticorrupción.
Esta es la segunda comisión creada en esta Legislatura para investigar ilícitos después de la conformación de un ente similar para indagar sobre la compra de un edificio por la exfiscal Thelma Aldana, una de las férreas defensoras de la Cicig.
Luis Pedro Álvarez
Abogado y notario, forma parte de las comisiones parlamentarias de Salud y Asistencia Social, y de la de Legislación y Puntos Constitucionales, ante la que se presentó una serie de reformas a la Constitución apoyadas por la Cicig, el Ministerio Público y en un primer momento el Gobierno para combatir la impunidad, aunque después fueron rechazadas.
Luis Hernández Azmitia
Este miembro de la entidad parlamentaria que investigará a la Cicig forma parte de las Comisiones del Congreso de Energía y Minas, Gobernación y Ambiente, Ecología y Recursos Naturales, aunque su actividad en el Parlamento ha estado centrada en criticar al titular de la Procuraduría de Derechos Humanos, Jordán Rodas, por apoyar la labor de la Cicig.
Manuel Conde Orellana
Participó en la declaración como perito propuesto por la defensa de José Mauricio Rodríguez Sánchez, exjefe de Inteligencia Militar del exgobierno de facto del fallecido exdictador José Efraín Ríos Montt en el marco del juicio por genocidio.
Juan Ramón Lau
Este diputado, quien es el tercer secretario de la Junta Directiva del Congreso, además de miembro de la Comisión Parlamentaria de Legislación y Puntos Constitucionales, supuestamente usó sus influencias para sacar a su hijo de prisión, detenido por llevar armas de forma ilegal.
Aníbal Rojas
Rojas preside la Comisión Parlamentaria de Derechos Humanos e integra la Comisión de la Mujer, entidad que presidió el año pasado, cuando se presentó al pleno la iniciativa 5272.