A dos días del referéndum de autodeterminación prohibido, los dirigentes independentistas de Cataluña aseguraron disponer de más de 2.300 colegios electorales y presentaron las urnas de la votación, comprometida ante las medidas del gobierno y de la justicia españoles para impedirlo.
Tras cinco años reclamando una consulta sobre la independencia de esta región nororiental de 7,5 millones de habitantes, rechazada repetidamente por el gobierno español de Mariano Rajoy, el presidente catalán Carles Puigdemont decidió llevarla a cabo desoyendo las prohibiciones judiciales.
En una rueda de prensa, el gobierno regional ofreció algunos detalles sobre la organización del escrutinio al que están llamados a votar 5,3 millones de ciudadanos de esta región que representa un 19% del PIB español.
'Al final habrán 2.315 colegios electorales', 207 de ellos en Barcelona, y 6.949 mesas de votación, señaló el portavoz Jordi Turull, una cifra muy similar a los 2.700 instalados en las elecciones regionales de 2015.
Los dirigentes independentistas mostraron por primera vez las urnas que se utilizarán para el escrutinio, buscadas desde hace semanas por los cuerpos de seguridad: unas cajas de plástico transparente con una tapa negra y ranuras para introducir la papeleta.
'No será un referéndum'
'Lo que suceda el día 1 no será un referéndum', señaló el portavoz del gobierno español Íñigo Méndez de Vigo, enumerando las numerosas carencias del escrutinio.
El organismo de supervisión electoral fue disuelto con sus miembros amenazados por multas de 12.000 euros diarios y el departamento encargado del recuento de votos fue registrado por la policía la semana anterior.
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También la policía cerró las webs con información del voto, dificultando enormemente a los electores consultar su colegio electoral.
Los militantes independentistas están organizándose por redes sociales para ocupar varios puntos de votación y mantenerlos abiertos hasta el domingo con tal de evitar el precinto policial.
Las medidas emprendidas contra el referendo -incautación de material electoral, detención de cargos públicos, cierre de páginas web, entre otros- generaron indignadas protestas en esta región, dividida sobre la independencia, pero ampliamente favorable a un referéndum legal y acordado.
