El presidente del Gobierno regional de Cataluña, en el nordeste de España, Carles Puigdemont, dijo hoy a la cadena británica BBC que declarará la independencia 'en cuestión de días'.
El político catalán agregó que su gobierno 'actuará a finales de esta semana o comienzos de la próxima'.
Las autoridades españolas, sin embargo, insisten en que harán todo lo que esté en sus manos, junto con la justicia, para impedir la independencia de Cataluña.
Puigdemont, por otra parte, consideró que 'sería un error que cambiaría todo' si el Gobierno español interviniera para tomar el control del Ejecutivo regional catalán.
El dirigente catalán habló con la BBC momentos antes de que el rey Felipe VI hiciera una declaración institucional en la que acusó a las autoridades autonómicas catalanas de haber actuado con una 'deslealtad inadmisible'.
El rey de España advirtió de que, ante la situación 'de extrema gravedad' en Cataluña, los 'legítimos poderes del Estado' deben asegurar 'el orden constitucional', la vigencia del Estado de derecho y el autogobierno de esa región, 'basado en la Constitución y en su Estatuto de Autonomía'.
Felipe VI calificó el comportamiento del Ejecutivo catalán de 'deslealtad inadmisible' y 'conducta irresponsable' y señaló que 'de una manera clara y rotunda, se ha situado totalmente al margen del derecho y de la democracia'.
Por otra parte, Puigdemont describió como 'muy decepcionante' la reacción de la Unión Europea a la actuación de las autoridades policiales durante el referéndum ilegal del domingo pasado en Cataluña.
El operativo policial ordenado por las autoridades españolas para impedir la votación en el referéndum, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, fue muy criticado por el Gobierno catalán y objeto de masivas marchas en Barcelona, la capital de esa región del nordeste de España, así como de una huelga general en la región al considerar que hubo excesos policiales.
Asimismo, el dirigente se mostró en desacuerdo con la declaración hecha el lunes por la Comisión Europea en la que consideraba que los sucesos en Cataluña son un asunto interno de España.
Puigdemont, por otra parte, reveló que en la actualidad no hay contactos entre el gobierno de Rajoy y la Generalitat de Cataluña.
El Gobierno español, por su parte, acusó hoy al Ejecutivo catalán de alentar el acoso y los actos de 'odio' hacia las fuerzas de seguridad enviadas a Cataluña con motivo de la consulta, y avisó de que dichos actos 'tendrán la correspondiente respuesta jurídica'.
Miembros del Ejecutivo regional, con Puigdemont a la cabeza, habían reclamado la retirada de esas fuerzas enviadas desde distintos puntos de España.
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Interior desplazó a Cataluña en los días previos a la votación ilegal del pasado domingo a miles de agentes para impedirla y el ministerio del Interior ha anunciado que permanecerán en la región el tiempo que sea necesario.
Para esclarecer lo sucedido, la Fiscalía puso la investigación en manos del servicio especial de Delitos de Odio y Discriminación de Barcelona, que abrió diligencias por los delitos de amenazas, coacciones y contra los derechos fundamentales y libertades públicas 'cometido por la pertenencia de los afectados a la nación española'.
También el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña requirió hoy información 'detallada' sobre al actuación de la Policía al responsable de coordinar el dispositivo para el referéndum, Diego Pérez de los Cobos, designado por el ministerio español del Interior.
Todo esto ocurrió en una jornada de paro convocada hoy en Cataluña por organizaciones sindicales y movimientos secesionistas para protestar por la actuación policial del domingo, que tuvo un amplio seguimiento en la administración pública, en la educación, la sanidad y el transporte público, y poco seguimiento en la industria.
Las autoridades regionales aseguraron que la huelga fue 'masiva', aunque sin precisar datos globales. Texto y foto de EFE.
