Santiago, Chile.
Tras un inicio de mandato accidentado por el inesperado rebrote del terrorismo, la Presidenta chilena pudo dar por fin una satisfacción a sus seguidores. La reforma era el puntal sobre el que se basa el destino de la legislatura.
La ley supone la mayor transformación del sistema tributario chileno en los últimos 30 años y permitirá al Estado recaudar 8,300 millones de dólares anuales adicionales. Esta cantidad irá destinada a gasto social, principalmente la reforma educativa, la segunda gran propuesta de Bachelet, actualmente discutida en el Congreso.
Impacto menor que el previsto
Los analistas coinciden en señalar que la reforma es un triunfo personal de la Presidenta, si bien matizan que la situación económica obligó a Bachelet a rebajar sus aspiraciones recaudatorias. Las estimaciones de crecimiento se han reducido más de un punto hasta alrededor del 2% y eso obligó a negociar.
Finalmente, tras una extensa discusión se llegó a un amplio acuerdo, que tranquilizó al empresariado, el cual veía con temor el proyecto inicial que proponía un sistema único y progresivo de recaudación y que, según expertos, adolecía de falta de incentivos a la inversión.
Recaudación progresiva
La reforma establece un incremento gradual de los impuestos a las grandes empresas, del 20 al 27%, con lo cual el Gobierno pretende generar una estructura más equitativa.
Incluye medidas para disminuir la evasión, como la eliminación del Fondo de Utilidades Tributarias (FUT), instrumento que permite a las empresas posponer el pago de impuestos sobre sus beneficios indefinidamente, si estos son reinvertidos.
“Fruto del diálogo y el acuerdo se ha logrado una reforma tributaria que avanza de forma importante respecto al proyecto original”, dijo el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio.
