Ciudad de México.
Cuatro de los siete delitos por los que se pretende extraditar a Joaquín 'El Chapo' Guzmán ante una Corte Federal de Texas, son castigados con la cadena perpetua.
Al presunto capo también lo piden por homicidio, pero las extradiciones por este ilícito no son procedentes en México, ya que se castiga con la pena de muerte, la cual es considerada como inusitada por la justicia de nuestro país.
En el expediente criminal EP-12-CR-849-FM, por el que se busca extraditar a 'El Chapo' para ponerlo a disposición de la Corte Federal del Distrito Oeste de Texas, en El Paso, los dos cargos con la pena mínima se sancionan con 20 años de prisión.
De hecho, el expediente de Texas es sólo uno de al menos seis 'indictments' que tiene pendiente el capo en las Cortes de Estados Unidos y en varias de ellas le imputan cargos que también implican una condena vitalicia, la cual ya no es un obstáculo para que la justicia mexicana autorice una extradición.
 'El Chapo' ha denunciado reiteradas violaciones a sus derechos humanos en prisión.
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El 13 de abril de 2012 la Corte texana giró la orden de aprehensión contra el presunto narcotraficante, por siete cargos criminales, según el documento presentado a la justicia mexicana para tramitar dicha extradición y al que REFORMA tuvo acceso.
El 11 de junio de 2015 Kristal Melisa Walde, la Fiscal Auxiliar del Distrito de El Paso, rindió una declaración jurada que luego se entregó a la PGR mexicana, donde informa de la penalidad de cada delito atribuido a Guzmán.
Walde expone que los delitos que ameritan cadena perpetua son la participación en una sociedad criminal continua y tres modalidades de asociación delictuosa: para hacer negocio a través de actividades de crimen organizado; para poseer con la intención de distribuir 5 kilos o más de cocaína y mil kilos o más de mariguana y para importar las mismas cantidades de droga.
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Los cargos con las penas más bajas son dos de asociación delictuosa, uno para cometer delitos de lavado de dinero y otro para poseer armas de fuego para la promoción de delitos de narcotráfico, los cuales se castigan con 20 años de prisión.
La fiscal texana reconoce que el homicidio, otra de las imputaciones contra el sinaloense, se castiga con la pena de muerte, aunque en este caso -a sabiendas de que México prohibe las extradiciones que merezcan esta penalidad- garantiza que no será aplicada.
